Identificaciones En Controles Policiales

Identificaciones, cacheos, controles policiales y otros
«entretenimientos» de la libertad. Una réplica a las tesis
legitimadoras del retroceso histórico en materia de libertad
y seguridad personal
Guillermo PORTILLA CONTRERAS

Durante los años precedentes a la aparición de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana (LOPSC), se han
desarrollado ennuestro país dos teorías opuestas
respecto a las prácticas de privación de libertad
efectuadas por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad
del Estado. Una de las teorías defendía que entre la
detención como privación de la libertad y la libertad
no caben formas intermedias. Tal afirmación en ningún caso suponía la imposibilidad de la realización
de identificaciones, cacheos, o controlespoliciales.
Por el contrario, dichas técnicas de prevención podían llevarse a efecto bien con el consentimiento del
ciudadano o sin su aceptación. Si esto último acontece, es decir, si se produce su negativa, el funcionario podía proceder a la realización de cualquiera
de esas medidas siempre que estuviera en la creencia de que la persona afectada ha podido participar
en la comisión de un delito ofalta. Tal restricción de
la libertad hasta la aparición de la LOPSC sólo tenía
un nombre -detencióny, en consecuencia, el
funcionario debía respetar en el ejercicio de esa medida cautelar todas las garantías que prevé el artículo 17 de la Constitución.
Al identificarse cualquier restricción de la libertad
con la detención, ello supone, inevitablemente, la
necesidad de extender las garantíasmencionadas a
todas aquellas técnicas en las que se limita, cualquiera que fuera el plazo, la libertad de movimientos del ciudadano. Técnicas que, insisto, sólo encontraban justificación cuando el funcionario actuaba en la creencia racional, objetiva y motivada de
que su utilización era imprescindible en la prevención o descubrimiento de un delito o falta. Nuestro
Ordenamiento jurídico no admitíaninguna otra restricción de la libertad debido a la ausencia de proporcionalidad entre la negativa a la identificación tras
la comisión de una infracción administrativa o (¿) por
cualquier otra causa no delictiva y la privación de
libertad'.
Contra esta tesis se demandaba, fundamentalmente desde sectores policiales, la construcción de
figuras de carácter procesal-penal, sin configuraciónlegal hasta 1992, que permitieran al funcionario restringir la libertad del ciudadano sin tener que recurrir

a las garantías constitucionales. Ya que la detención
por delitos y faltas estaban reguladas legalmente, es
de suponer que lo que se estaba exigiendo era /a privación de libertad sin garantías constitucionales de
los presuntos autores de infracciones administrativas o de cualquierciudadano, por el simple hecho
de serio, sin que sea sospechoso de haber cometido infracción alguna.
Pues bien, como ha quedado expuesto, antes de
la aparición de la LOPSC, nuestro ordenamiento no
permitía tales actuaciones, salvo en el marco de la
detención y reducidas siempre a la sospecha racional de la comisión de delitos o faltas. Sin embargo,
a veces, se han justificado algunas de estasactuaciones ilegales. Así, por ejemplo, el «simple control
policial superficial» sin indicios delictivos y sin las garantías constitucionales se ha considerado lícit02: el
hecho de ser «parados» en la calle para ser identificados, no puede calificarse técnicamente como
«detención». Se considera que en estos casos no
hay detención ya que ésta sólo afecta a la privación
provisional de la libertadpor la presunta comisión de
un ilícito penal. Por esta razón, se interpreta que las
garantías del artículo 17.3 CE no son aplicables a
los controles de policía que tienen por finalidad la verificación de una prueba orientativa de alcoholemia
acordada sin indicios previos de infracción penal
para «la comprobación por los agentes del orden público de la identidad o estado de los infractores»....