jurisprudencia

Contrato de trabajo. Relación de trabajo. Relación de dependencia. Inexistencia. Médico. Prestación del servicio de “auditorías médicas”. Aplicación de la “doctrina de los actos propios”. Tonelli Alfredo José y Otro c/Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/despido, C.N.A.T., Sala VIII, 10/9/04.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de setiembre de 2004, se reúnen enacuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
El doctor Horacio V. Billoch dijo:
I. La sentencia de grado rechazó la demanda que persiguió el cobro de diversos créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, la Sra.juez de grado luego de analizar los elementos probatorios incorporados a la causa concluyó que los actores estuvieron vinculados con la demandada a través de contratos de locación de servicios profesionales y no por un vínculo de
II. No (...) se discute en el “sub lite” que los actores celebraron con la Superintendencia de trabajo subordinado. Este último aspecto es el que, sustancialmente, vieneapelado por la parte actora a mérito del recurso obrante a fs. 520/524.Riesgos de Trabajo los sucesivos contratos de locación de servicios obrantes a fs. 124/178, por un período aproximado de 4 anos, donde se obligaban a prestar sus servicios profesionales –auditorías médicas– a fin de realizar las supervisiones que aquella le diagramaba. Que a cambio de dicha prestación percibían honorarios,previa extensión de la documentación obrante a fs. 16/119 (recibos de clase C, con el membrete a su nombre, Nros. de C.U.I.T., Nros. de ingresos brutos y Nros. de Caja de Previsión Social de su profesión); acompañada por los propios actores en su presentación inicial (ver fs. 12 vta./13).
Los accionantes dijeron que hubo una “relación laboral encubierta”, concretamente, porque: a) rige la presuncióndel art. 23 de la LCT; b) habrían sido contratados para efectuar tareas que son propias de la incumbencia de la demandada (cfr. art. 36 de la Ley de riesgos de trabajo); y c) debían cumplir las órdenes y directivas de aquella, respecto que la accionada tenía la facultad de seleccionar el personal a auditar sumado a que no podían negarse al traslado al interior del país para cumplir su cometido (verfs. 7/11).
Al respecto, en principio habré de senalar en orden a la aplicación del art. 23 de la L.C.T. al caso que para calificar la relación habida con un profesional, en este caso médicos, también trabajadores, no obstante el nivel cultural que cabe presumir en virtud de sus títulos habilitantes, muy frecuentemente se encuentran en situación de hiposuficiencia respecto de sus empleadores,habida cuenta de las dificultades que deben enfrentar para insertarse razonablemente en el mercado laboral.
No obstante ello considero que en el caso la presunción del art. 23 de la L.C.T. no debe tener ninguna incidencia toda vez que la misma debe entenderse limitada a los servicios prestados bajo relación subordinada, pues, sólo éstos están contemplados en la tipificación legal del contrato y dela relación de trabajo (arts. 21 y 22 L.C.T.) y a mi ver de los contratos que celebraron las partes y su posterior ejecución (cfr. fs. 124/178) no hay indicios suficientes como para acreditar la existencia de un contrato de trabajo (cfr. art. 14 de la citada ley).
Cabe agregar que “... la presunción que establece el artículo 23 L.C.T. tiene por función, como ocurre en general con las presuncioneslegales, “juris et de jure o juris tantum”, otorgar el atajo para arribar a ciertas conclusiones cuando ellas no resultan del material disponible. Cuanto resulta claro del análisis de las constancias de la causa, cuál ha sido el contrato que las partes entendieron celebrar, o de ello resulta de los comportamientos que cumplieron en su ejecución, no es necesario recurrir a presunción alguna ....”...