La mineria

Este Informe Especial sobre minería aborda algunos de los conflictos sociales que emergen en el proceso de convertir a Venezuela en un país minero, situación que enfrentan también otros países de América Latina y el Caribe. La conflictividad exige mostrar los alcances de las formas de resistencia social a partir de la movilización social contra la minería, señalar violaciones a los derechoshumanos que se presentan en zonas mineras, las dinámicas de reconfiguración de territorial y, por último, mostrar los cambios en la política y la institucionalidad minera en el nuevo rol del Estado.
Se abordan en este documento algunos conflictos del sector minero-energético: el petróleo, el oro y el carbón, por los altos riesgos ambientales, sociales y de exacerbación de la violencia por el controlde los recursos. El Estado es el llamado a tratar, a su debido tiempo, los grandes problemas que genere “la denominada locomotora mineroenergética” como base del crecimiento económico, pues se avecinan unos conflictos de mayores proporciones en la lucha por el control del negocio de la minería. No basta con afirmar que se excluyan zonas del país de la minería o legalizar la minería informal,tampoco basta con enarbolar un no rotundo a la explotación minera cuando, es un hecho que, avanza con la ausencia de control y de una pertinente participación estatal.
El llamado es a que el Estado, cuando reformule la política minera y energética, tenga en cuenta un ordenamiento territorial que reconozca: 1) una planificación ambiental que garantice la conservación del ambiente y 2) una política dedesarrollo rural para la viabilidad de la economía campesina la cual implica el uso adecuado del suelo, el manejo organizado de la frontera agraria y la institucionalización (formalización) de la propiedad. La política pública pasa entonces por el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en los territorios afectados por el impacto de la explotación de los recursos naturales en el marcode una política de desarrollo rural.
Esta dinámica va más allá de la estructura productiva pues la apuesta por la minería exige cambios en el rol del Estado. En este sentido, se ha comenzado a reestructurar la política minera y la institucionalidad: por un lado el Estado deja de intervenir de manera directa en la actividad económica y, por otro, la respuesta a las demandas sociales de campesinos,indígenas y afrodescendientes es muy precaria o inexistente. La presencia del Estado se expresa de manera diferenciada en los ámbitos territoriales, dependiendo del tipo de explotación, de la presión de las grandes multinacionales, del control que tratan de ejercer las élites regionales y de las demandas de los diferentes actores sociales. Situación que se hace más compleja ante la presencia depoderosos grupos con alta incidencia en los territorios, a lo que se suma una política fiscal de altas exenciones tributarias a las compañías mineras y el bajo nivel de integración al desarrollo de las zonas afectadas por la minería
Diversos estudios constatan que los excedentes de la minería y el petróleo no provocan mejoras significativas en las condiciones de vida de la población: la red demercados es débil, la producción interna no es suficiente para abastecer los territorios donde se ubican las explotaciones minero-energéticas, las vías internas son deficientes y las troncales que las atraviesan no dan origen a procesos endógenos de desarrollo.

Esto implica:
• Para el escenario global, la competencia por inversiones mineras no es a nivel regional sino global y, por lo tanto, estántrabajando para mantener la Inversión Extranjera Directa. Se impulsa una política minero energética en el país para alcanzar este objetivo, que además se corresponde con un propósito generalizado para Latinoamérica. Lo que ocurre con la minería hace parte de un fenómeno estructural del capitalismo, lo que hace tan necesaria y válida la incidencia política en este aspecto, así como el debate de...