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VIII. INCURSUS: IGUALDAD Y PROPORCIONALIDAD
El principio de igualdad en la ley se traduce para la
autoridad legislativa en la obligación de tratar idénticamente situaciones análogas y sólo hacerlo en
forma diferente cuando no se asimilen; como ampliamente se sabe, lo expresa el apotegma “tratar
igual a los iguales y desigual a los desiguales”.228
La igualdad de trato a situaciones semejantesse
funda en primera instancia sobre el principio argumentativo de universabilidad229 por el cual debe
tenerse implícita la similitud entre objetos que carecen de diferencias en “aspectos relevantes” (relevant respects), el cual a su vez deriva del principio ontológico de identidad.230 Estos principios son
aplicados en la idea de inercia de Perelman bajo la
cual, sin entrar en pormenores, lasdiferencias entre dos objetos cuya similitud se admita previamente, deben ser puestas de manifiesto y señaladas por quien busque su distinción;231por ello,
jurídicamente (normativamente) “la regla debe ser
la igualdad [en el trato a situaciones análogas];
228

Cfr. Burgoa, op. cit., nota 142, p. 255; y Pérez Portilla,
Karla, Principio de igualdad: alcances y perspectivas, México,UNAM-Conapred, 2005, p. 91. Véase supra, nota 137.
229 Cfr. Alexy, op. cit., nota 32, pp. 91 y 92.
230 Cfr. Mans Puigarnau, Jaime M., Lógica para juristas, Barcelona, Bosch, pp. 28 y 29.
231 Supra, notas 190 y 191.
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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

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las desigualdades deben ser la excepción”,232 deduciendo de ello que “la igualdad no tiene necesidad de justificarse. El deber dejustificación pesa,
en cambio, sobre las desviaciones de la igualdad”.233
En términos prácticos y para efectos este trabajo, el principio de igualdad impone al legislador la
obligación de tener y dar justificaciones suficientes
para tratar desigualmente situaciones análogas;
de modo que a él corresponde —sobre todo procesalmente— la carga de argumentar para justificar
ese tratamiento distinto, pues delo contrario se
presumirá la inconstitucionalidad de su actuación
por contravenir a primera vista su deber originario
de regular casos parecidos de igual manera.234
Ahora bien, ¿cuándo podríamos decir que estamos ante una “legítima” distinción legislativa por
sustentarse en “bases objetivas”? A esta cuestión
se ha querido responder diciendo que “una distinción será objetiva y legítima,cuando sea razonable”, que no cualquier motivo puede legitimar una
distinción legislativa, pues aquellas que atiendan
“aspectos irrelevantes” o sean “subjetivas” o “irracionales”, resultarán “injustificadas”. Guastini comenta lo anterior:

232

Carbonell, op. cit., nota 41, pp. 163 y 164.
Pérez Portilla, op. cit., nota 228, p. 100 (cursivas añadidas).
234 La Corte Suprema de la RepúblicaArgentina fue de esta
opinión en el considerando 7 de la sentencia del caso Repetto,
Inés M. c/Provincia de Buenos Aires, al sostener que “toda distinción efectuada... en lo que respecta al goce de los derechos
reconocidos en la Ley Fundamental, se halla afectada por una
presunción de inconstitucionalidad”; citado en Cianciardo, op.
cit., nota 3, p. 64.
233

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RUBÉN SÁNCHEZ GIL

lasdistinciones (o clasificaciones) realizadas por el
legislador, para no ser discriminatorias, deben ser
razonables. ¿Qué significa esto? Significa que, para
distinguir, deben existir razones, naturalmente.
¿Pero qué significa “razones”? En este tipo de contexto, es obvio que “razones” no significa simplemente argumentos, significa “buenos” argumentos,
es decir, justificaciones.235

Pero, sinmayores elementos de juicio, puede llegarse a una argumentación circular para estimar la
“razonabilidad” de una distinción legislativa (que se
expresaría así: “las distinciones son justificadas
cuando son razonables, y son razonables cuando
están justificadas”),236 por lo que se precisa de una
metodología que asegure la objetividad y la corrección de tal examen; el instrumento para ello es...