Marco Juridico

Tratamiento de la Educación en la Constitución Nacional Argentina.
“La educación humaniza y personaliza al hombre cuando logra que este desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y de comunión con la totalidad del orden real por los cuales el mismo hombre humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia”.El derecho a la educación se encuentra garantizado en nuestra Constitución Nacional en el art. 14 desde el mismo momento en que fue sancionada en el año 1853, consagra el derecho de enseñar y aprender. Actualmente, esa fórmula de enseñar y aprender ha de interpretarse como alusiva a contenidos mucho más amplios que los que puede insinuar el vocabulario. Así se apela al derecho a la educación y alderecho a la cultura; al derecho a informarse, o a investigar en todos los campos del saber humano; y al derecho de difundir los conocimientos, informaciones, investigaciones, etc. La constitución, ya desde antes de su reforma en 1994, asignó al Congreso la competencia de dictar planes de instrucción general y universitaria (art. 67 inc. 16 que subsiste hoy sin modificación en el nuevo art. 75inc. 18 con ampliación y correlato del nuevo inc. 19). La reforma constitucional de 1994 ha sido pródiga en normas, que aunque figuran en la parte orgánica y corresponden a competencias del Congreso, enclavan principios, valores y derechos a tomar en cuenta en el tema de la educación, la enseñanza y la cultura. En este orden de ideas, el art. 75 inc. 18 de la Constitución le atribuye al Congreso dela Nación: “proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevasindustrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”. Este inciso, llamado cláusula de la prosperidad o del progreso, puntualiza una serie concreta de políticas de fomento, o de desarrollo del país, pero la descripción de tales programas es meramenteenunciativa o indicativa, no obligatoria. Resulta más que evidente que el inciso en cuestión es de neta inspiración alberdiana, estableciendo los objetivos que deben alcanzar el país y los medios que el Congreso Nacional puede utilizar para obtenerlos. Interpretado literalmente, el art. 75 inc. 18 parecería dar al Congreso, atribuciones absolutas para proveer lo conducente a la prosperidad del país, aladelanto y bienestar de todas las provincias. Sin embargo, su aplicación no puede afectar el sistema institucional vigente, en cuanto que el art. 125 destaca que las provincias pueden promover el progreso económico, el empleo y el desarrollo humano. En este orden de ideas, esa duplicación de objetivos nos advierte que estamos frente a poderes concurrentes. En caso de confrontación, se deberá hacerprevalecer el bien común general del país. Un supuesto que presenta ciertos interrogantes es el de los planes de instrucción general y universitaria referido por el inc. 18 del artículo en cuestión. Tanto Joaquín V. Gonzáles como González Calderón entienden que esos programas no se pueden referir a la educación primaria, sino a la secundaria y terciaria. Sin embargo, el texto del art. 75 inc. 18 esamplio, y cubre todo el nivel educativo y tanto se refiere a criterio de Bidart Campos, a la enseñanza pública como privada.

El art. 5 obliga a las provincias a asegurar la educación primaria, pero ello nada obsta a los planes educativos que programe la Nación. Esa razonabilidad, apunta unos contenidos y objetivos mínimos, dejando a las provincias el resto de su instrumentación. El nuevo...