memoria pena de muerte

El Proyecto 669/06-PE y la pena de muerte

Resumen de la presentación de la doctora Elizabeth Salmón, coordinadora académica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hecha ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República el día 8 de enero de 2006.



El Congreso de la República, en su calidad derepresentante de la voluntad popular en un Estado democrático de Derecho, debe tomar conciencia que la aprobación del proyecto de ley en discusión supone ubicar al Perú en una situación de responsabilidad internacional del Estado peruano por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos lo que, a su vez, significa que la única salida viable sería la denuncia de laConvención Americana sobre Derechos Humanos (en vigor para el Perú desde el 28 de julio de 1978, fecha en que el Estado peruano depositó el respectivo instrumento de ratificación).


I. La Pena de muerte en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

En el marco del actual Derecho internacional de Derechos Humanos existe una clara tendencia abolicionista que surge como resultado de unaserie de tratados regionales y universales así como de una concepción cada vez más amplia del derecho a la vida.

Las normas que a continuación se señalan no han sido suscritas por el Estado peruano pero sí reflejan una tendencia internacional que proscribe la pena de muerte por su incompatibilidad con principios esenciales de los derechos humanos. En ese sentido, son por lo menos cuatro lostratados fundamentales:

a) En el sistema universal de protección de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, en su artículo 6º que:

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podráimponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Protocolo ni a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.

Por su parte, elComité de Derechos Humanos ha sostenido en la Observación General 6 sobre el derecho a la vida1 que, si bien los Estados Parte no tienen la obligación de abolir totalmente la pena de muerte, sí se encuentran obligados a restringir su uso a los “más graves delitos”, expresión que debe, asimismo, ser interpretada de manera restrictiva. No obstante, señala que los términos del artículo 6 denotan quees deseable la abolición total de la pena de muerte y que todas las medidas encaminadas a la abolición de la misma deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida. De igual manera, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1989, establece la abolición total de la pena de muerte en tiempo de paz, reservándolasolamente para tiempo de guerra siempre y cuando los Estados Parte hagan constar su reserva a tal efecto en el momento de ratificar el protocolo o adherirse a éste. Así, los artículos 1 y 2 de dicho instrumento establecen que:

Artículo 1
1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo.
2. Cada uno de los Estados Partes adoptarátodas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.

Artículo 2
1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo, con excepción de una reserva formulada en el momento de la ratificación o la adhesión en la que se prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar...