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Tanto la garantía de debido proceso legal consagrada en la Constitución, así como en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son aplicables ante los órganosjurisdiccionales, y no únicamente a estos sino debe ser respetada por cualquier autoridad que pretenda realizar actos dirigidos a transgredir a un particular.
Por un lado se sabe quenuestra Constitución dentro de su artículo 14, al hacer mención de que los juicios jurisdiccionales y cómo deben ser, además se debe cumplir con las formalidades esenciales delprocedimiento, es decir, que la autoridad debe acatar exactamente las disposiciones aplicables al caso concreto, tanto así, que se entiende, que todas las actuaciones de cualquier autoridad debenestar correctamente fundadas en disposiciones que les facultan. Caso contrario se entiende que se viola dicha garantía, y el mismo derecho.
Tanto así, que podemos consultar la tesisaislada con Registro No. 202098, Novena Época, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, nos da una definición de lo que podemos considerar qué seentiende por dicha garantía.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que no únicamente las actividades de órganos jurisdiccionales, son aplicables lagarantía al debido proceso, sino que de igual forma expresa que cualquier autoridad pública, debe considerarla, ya que tanto los órganos administrativos y los legislativos también emiten actosque pueden dañar a los particulares, por actuaciones sancionadoras, ya que se deben considerar todas las garantías.
Lo anterior se puede respaldar en las sentencias emitidas por laCorte, en los siguientes casos: Baena Ricardo y otros, sentencia del 2 de febrero del 2001, párrafo 124 y 127, Ivcher, sentencia del 6 de febrero del 2001, párrafo 105, 106 y 110.