Obligatoriedad de la revisoria fiscal

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CONCEPTO 574 DE 2002
REFERENCIA: SU CONSULTA DE FECHA 27 DE MAYO DE 2002.
Apreciado señor:
Con toda la atención nos permitimos dar respuesta a la siguiente pregunta por usted formulada:
“En respuesta a mi solicitud recibí el oficio CJ 756/2002 en el cual se me manifiesta como conclusión que dichos entes jurídicos no están excluidos de la obligatoriedad de larevisoría fiscal cuando se cumplan los requisitos exigidos por la Ley 43 de 1990, sin embargo en el concepto 001 de 2002 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública el cual anexo se dice todo lo contrario, al igual que la Supersociedades en concepto 220-35647 de agosto 27 de 2001.
¿A cuál de los conceptos me debo sujetar? ¿Porqué la diferencia de criterio?”
En primer lugar es importante aclararal consultante el alcance de la respuesta a las consultas formuladas a esta entidad por particulares. El artículo 25 del Código Contencioso Administrativo establece que las respuestas emitidas por las autoridades a las consultas formuladas por los particulares “no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución” de lo cual sepuede inferir que las consultas que resuelve la Junta Central de Contadores n o son modificatorias ni derogatorias del ordenamiento jurídico vigente (función que le corresponde constitucionalmente a la rama legislativa), ni se trata de decisiones administrativas que generen efectos jurídicos distintos al de contestar un derecho de petición bajo la modalidad de formulación de consultas.
De estaforma, los conceptos que emiten las entidades públicas carecen del carácter de normas jurídicas imperativas y por ende cuando existen conceptos diferentes en entidades públicas o dependencias diversas sobre una misma materia no puede indicarse al consultante cuál acatar de forma preferente y obligatoria. La diferencia de criterios se presenta cuando en el análisis interpretativo de las normasjurídicas se llega a conceptos distintos los cuales tienen un carácter de mera orientación no obligatoria al consultante, resultando respetable el criterio jurídico de cada entidad sobre la materia.
Sin embargo, lo anterior no es obstáculo para que la Junta Central de Contadores reitere la posición planteada en el concepto 562 emitido en oficio CJ756/2002 del 9 de mayo del presente año.
En primerainstancia se debe advertir que la Constitución Política es norma de normas (art. 4º de la C.P.) y fundamento del ordenamiento jurídico colombiano, razón por la cual toda interpretación que se haga de la ley u otras normas jurídicas debe encontrarse acorde con los preceptos de la Carta Fundamental y en caso de existir incompatibilidades se aplicarán las disposiciones de la Constitución Política sobrelas demás normas.
Ahora bien, la Constitución Política en su artículo 58 garantiza la propiedad privada como un derecho económico que tiene una función social que implica obligaciones, también indica que cuando en la aplicación de una ley existe conflicto entre la utilidad pública o el interés social con el interés privado, este último debe ceder al primero. Más adelante, en el artículo 333 laCarta determina que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común y que la empresa es la base del desarrollo con una función social que también implica obligaciones.
En tal sentido, el concepto, de empresa como actividad económica organizada (art. 24 del C. Co.), hasta el año de 1995 se asoció la mayoría de las veces con la persona jurídica de lasociedad comercial, resultando irrelevante para el mundo empresarial alguna distinción entre ellos, hasta la aparición de lo que hoy se conoce como empresa unipersonal en la Ley 222 de 1995. Así, la institución de la revisoría fiscal en nuestro país, gracias al paulatino desarrollo comercial y financiero alcanzado por el sector empresarial se desarrolló primordialmente en las personas jurídicas...