pena de muerte

‎ PENA DE MUERTE
En forma recurrente, cuando la opinión pública es sacudida por crímenes especialmente aberrantes, como el reciente asesinato de tres mujeres jóvenes en Cipolletti, desde las másaltas instancias del Gobierno se proclaman las bondades de la pena de muerte y la posibilidad de su implantación en la Argentina.
 
A esta altura, es sorprendente que quienes deben hacerlo no sepreocupen por ejercer una necesaria docencia frente a ciertos medios de comunicación tentados por el sensacionalismo y la malsana explotación de las reacciones más viscerales de sectores de la sociedad. Enefecto, parece olvidarse que la Argentina se inscribió claramente en una posición contraria a la pena de muerte cuando en 1984 el Congreso sancionó por unanimidad la ley 23.054 aprobando laConvención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). El art. 4, sobre el derecho a la vida, expresamente dice: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. Lareforma de 1994 fue más lejos al dar jerarquía constitucional a varios tratados de derechos humanos, entre ellos el Pacto. En una palabra, incluir la pena de muerte en el Código Penal requeriríadenunciar previamente el Pacto, lo cual, según el mismo art. 75, inc. 22, sólo puede hacerse con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, supuesto poco menos queimposible, además de lo grave para todo el sistema de protección de los derechos humanos que significaría que nuestro país adoptase tal actitud.
 
Al enfoque constitucional se agrega la necesidad deguardar una coherencia con la defensa de la vida en toda su extensión. La posición argentina contra el aborto, sostenida con energía en los foros internacionales, incluso hace muy poco en la CumbreIberoamericana de Cartagena, debiera tener su correlato en la convicción de que nadie, ni el Estado, puede quitar la vida, ni siquiera la de quien merezca el más grave castigo y cuya dignidad, que...