PRotocolo Indigenas

LAS RAZONES

De acuerdo con el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), México es una nación que “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. De este reconocimiento se desprenden una serie de derechos para los pueblos, comunidades e individuos indígenas de México, cuya justiciabilidad es fundamental para elmodelo del Estado de derecho pluricultural que perfila la Carta Magna.

Asimismo, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, así como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Rosendo Radilla Pacheco, ha determinado la obligación de las autoridades de realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex officio, entendidos como lafacultad/obligación de considerar las normas de derechos humanos reconocidas tanto por la Constitución, como por los instrumentos internacionales ratificados por México.

Parte de la trascendencia de la reforma constitucional en la materia radica en reconocer a los derechos humanos definidos por las fuentes jurídicas de derecho internacional como parte del sistema constitucional mexicano. Loanterior no significa un desplazamiento de las normas constitucionales por las del derecho internacional, sino una ampliación del marco normativo interno en materia de derechos humanos y un permanente diálogo entre las distintas fuentes de derechos humanos, teniendo como criterio de ponderación de normas el principio pro persona1, es decir, la reforma en materia de derechos humanos busca la más ampliaprotección de las personas a partir de los mejores estándares de que ahora dispone el juzgador o la juzgadora. El criterio pro persona determina que la norma que mejor protege y da contenido a un derecho reconocido, debe ser tomada como base para la interpretación judicial en el caso específico.

Los derechos reconocidos constitucionalmente, así como en los instrumentos internacionales celebradospor el Ejecutivo Federal y ratificados por la Cámara de Senadores deben permear el conjunto del sistema jurídico nacional, estar por encima de la legislación secundaria y generar acciones concretas del Estado.
Al igual que el Protocolo sobre niñas, niños y adolescentes que presentamos en 2012, este presenta los lineamientos necesarios de actuación judicial para dar cabal cumplimiento a lodispuesto por la Constitución y las normas internacionales en la materia.

Siendo un documento destinado a las y los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, es importante destacar el derecho que los indígenas tienen de acceder plenamente a la justicia que imparte el Estado. Este derecho además de ser directamente exigible a las y los jueces, magistrados y trabajadores administrativos delpoder judicial, es también el medio para garantizar otros derechos reconocidos, así como reparar daños y sancionar a los responsables de la violación de los mismos.
En síntesis, las autoridades deben adecuar su praxis a los instrumentos internacionales atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Al respecto, al Poder Judicial de la Federación lecorresponde la doble función de restituir a las personas en el ejercicio de sus derechos cuando les son violentados y garantizar un acceso pleno a la justicia, respetando todos los derechos procesales, como medio fundamental para la exigibilidad de los derechos humanos. Si bien, en términos generales, la justicia que imparte el Estado debe ser independiente, expedita, gratuita y de calidad, estascaracterísticas adquieren significados específicos tratándose de la atención de las personas, comunidades y pueblos indígenas.

Históricamente los indígenas han sido víctimas de procesos en los que no se consideran sus lenguas, sus especificidades culturales, ni su frecuente condición de marginación y exclusión social, lo que, en la mayor parte de las ocasiones, ha redundado en condenas...