Solución De Conflictos
Páginas: 11 (2749 palabras)
Publicado: 16 de octubre de 2012
Mecanismos alternativos de solución de conflictos
Fundamentos Normativos Constitucionales de los M.A.S.C
El marco teórico constitucional del que se derivan los mecanismos alternativos de solución de conflictos precisa y determina acertadamente el fundamento normativo del que se apoya el mecanismo.
De conformidad con el artículo 12 de la Ley 640 de 2001, demandado en su totalidad, alGobierno Nacional le compete expedir el reglamento mediante el cual se determinen los requisitos que deberán cumplir los centros para que puedan conciliar en materia de lo contencioso administrativo. La norma transcrita contiene dos elementos fundamentales: el primero refrenda la institucionalización de la conciliación en materia de lo contencioso administrativa; y el segundo autoriza al Ejecutivo paraque dicte el reglamento que establezca los requisitos que deben cumplir los centros de conciliación en este campo.
La norma reafirma la conciliación en materia contencioso administrativa, la cual fue prevista en el capítulo V de la Ley 23 de 1991, reglamentado en el Decreto 173 de 1993 y fue hallada conforme a los cánones constitucionales de 1991 mediante Sentencia N° 143 del 12 de diciembre de1991 de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora bien, en lo que hace referencia a la orden impartida al Ejecutivo para que proceda a reglamentar los requisitos de los centros de conciliación en materia de lo contencioso administrativa, esta Corte considera que el artículo 12 bajo análisis es inconstitucional por las razones que pasan a explicarse.
Conforme a lo dispuesto en el tercer inciso delartículo 116 de la Constitución Política, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, “en los términos que determine la ley”, lo cual significa que para la regulación de estas materias el Constituyente instituyó una reservalegal dada la trascendencia social que implica el traslado a los particulares de la función pública de impartir justicia.
En consecuencia, mal hace el legislador en autorizar al Gobierno a través del artículo 12, bajo examen, con el objeto de reglamentar los requisitos que deberán cumplir los centros de conciliación para que puedan conciliar en materia de lo contencioso administrativo, toda vez quecon esta medida está desconociendo de manera flagrante la competencia constitucional del Congreso de la República para determinar estos asuntos.
Según el artículo 116 de la CP., la ley puede transitoriamente atribuir la función jurisdiccional a particulares que obren como árbitros o conciliadores. En el Estado social de derecho, los particulares colaboran de variadas maneras en el desarrollode las funciones y fines estatales. Dicha colaboración, en el ámbito jurisdiccional, no obstante, tiene carácter transitorio y excepcional.
En primer término, la conciliación y el arbitraje sólo pueden tener por objeto asuntos que por su naturaleza sean susceptibles de dicho trámite, y es evidente que no todos lo son.
En segundo término, la paz y el orden público, se ponen en peligro si a losparticulares, así obren como conciliadores o árbitros, se les atribuye directamente la facultad de disponer del poder coactivo. No es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores.
El artículo 53 de la Carta Política expresa la facultad de transigir o conciliar se ve y como estos mecanismos deautocomposición, son voluntarios son las partes las que “habilitan al particular para resolver la controversia y como su objetivo es llegar a un acuerdo pronto y oportuno sobre el conflicto, qué mejor para las partes en conflicto que sea requisito agotar esta vía antes de acudir al aparato judicial estatal en donde indefectiblemente tendrán que asumir unos costos económicos y prolongar en el tiempo...
Fundamentos Normativos Constitucionales de los M.A.S.C
El marco teórico constitucional del que se derivan los mecanismos alternativos de solución de conflictos precisa y determina acertadamente el fundamento normativo del que se apoya el mecanismo.
De conformidad con el artículo 12 de la Ley 640 de 2001, demandado en su totalidad, alGobierno Nacional le compete expedir el reglamento mediante el cual se determinen los requisitos que deberán cumplir los centros para que puedan conciliar en materia de lo contencioso administrativo. La norma transcrita contiene dos elementos fundamentales: el primero refrenda la institucionalización de la conciliación en materia de lo contencioso administrativa; y el segundo autoriza al Ejecutivo paraque dicte el reglamento que establezca los requisitos que deben cumplir los centros de conciliación en este campo.
La norma reafirma la conciliación en materia contencioso administrativa, la cual fue prevista en el capítulo V de la Ley 23 de 1991, reglamentado en el Decreto 173 de 1993 y fue hallada conforme a los cánones constitucionales de 1991 mediante Sentencia N° 143 del 12 de diciembre de1991 de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora bien, en lo que hace referencia a la orden impartida al Ejecutivo para que proceda a reglamentar los requisitos de los centros de conciliación en materia de lo contencioso administrativa, esta Corte considera que el artículo 12 bajo análisis es inconstitucional por las razones que pasan a explicarse.
Conforme a lo dispuesto en el tercer inciso delartículo 116 de la Constitución Política, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, “en los términos que determine la ley”, lo cual significa que para la regulación de estas materias el Constituyente instituyó una reservalegal dada la trascendencia social que implica el traslado a los particulares de la función pública de impartir justicia.
En consecuencia, mal hace el legislador en autorizar al Gobierno a través del artículo 12, bajo examen, con el objeto de reglamentar los requisitos que deberán cumplir los centros de conciliación para que puedan conciliar en materia de lo contencioso administrativo, toda vez quecon esta medida está desconociendo de manera flagrante la competencia constitucional del Congreso de la República para determinar estos asuntos.
Según el artículo 116 de la CP., la ley puede transitoriamente atribuir la función jurisdiccional a particulares que obren como árbitros o conciliadores. En el Estado social de derecho, los particulares colaboran de variadas maneras en el desarrollode las funciones y fines estatales. Dicha colaboración, en el ámbito jurisdiccional, no obstante, tiene carácter transitorio y excepcional.
En primer término, la conciliación y el arbitraje sólo pueden tener por objeto asuntos que por su naturaleza sean susceptibles de dicho trámite, y es evidente que no todos lo son.
En segundo término, la paz y el orden público, se ponen en peligro si a losparticulares, así obren como conciliadores o árbitros, se les atribuye directamente la facultad de disponer del poder coactivo. No es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores.
El artículo 53 de la Carta Política expresa la facultad de transigir o conciliar se ve y como estos mecanismos deautocomposición, son voluntarios son las partes las que “habilitan al particular para resolver la controversia y como su objetivo es llegar a un acuerdo pronto y oportuno sobre el conflicto, qué mejor para las partes en conflicto que sea requisito agotar esta vía antes de acudir al aparato judicial estatal en donde indefectiblemente tendrán que asumir unos costos económicos y prolongar en el tiempo...
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