Democracia Y Derechos

Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo∗
Juan Carlos Bayón
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1. EL CONSTITUCIONALISMO Y SUS FORMAS DE ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL

De “constitucionalismo” y “Estado constitucional” puede hablarse sin duda en una pluralidad de sentidos, más o menos densos o exigentes en cuanto a su contenidoconceptual1. Así, no es de ninguna manera impropio hablar del constitucionalismo inglés, aunque es notorio que el ideal primigenio de un poder del monarca limitado por los “antiguos derechos y libertades” de los ingleses y por las competencias del parlamento no se ha plasmado nunca en una constitución escrita2. Ni tampoco lo es aludir al modelo
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Este escrito se enmarca en el proyecto BJU 2002-00467del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Una enumeración sintética de esas acepciones, presentadas en una gradación desde la más amplia a la más restringida, puede verse en Carlos S. NINO, La constitución de la democracia deliberativa (Barcelona: Gedisa, 1997), pp. 15-17.
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Es preciso, de todosmodos, dejar atrás algunos lugares comunes acerca del sistema constitucional británico que es más que dudoso que puedan seguir manteniéndose después de la Human Rights Act de 1998 (que entró en vigor en octubre de 2000). En primer lugar, sobre la discusión acerca del sentido que debe darse en la actualidad al viejo dogma de la soberanía parlamentaria, vid. José Luis PÉREZ TRIVIÑO, “Una revisión dela soberanía del Parlamento británico”, Revista Española de Derecho Constitucional 18 (1998) 171-204. En cuanto al sistema de control judicial de la ley resultante de la Human Rights Act, se sustancia de entrada en la obligación para los tribunales de interpretar las leyes de conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo contenido está incorporado a la Human Rights Act; y, si ellono es posible, en la facultad de emitir una declaration of incompatibility que no invalida ni permite inaplicar la ley, cuya eventual modificación o derogación a la vista de dicha declaración sigue en todo caso estando en manos del Parlamento. Para una evaluación de conjunto de este sistema vid., tempranamente, K.D. EWING, “The Human Rights Act and Parliamentary Democracy”, Modern Law Review 62(1999) 79-99; y ahora, con
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constitucional de los revolucionarios franceses, a pesar de que estuviera organizado sobre el principio de superioridad política del parlamento y supremacía jurídica de la ley, excluyendo por tanto el auténtico carácter normativo de la constitución3. O calificar hoy día como “Estados constitucionales”, en un cierto sentido deltérmino, a sistemas jurídicopolíticos como los de Australia (con una constitución rígida que no incluye declaración de derechos), Nueva Zelanda (dotada de un bill of rights, pero con un régimen de constitución flexible), Holanda (con una declaración de derechos incorporada a una constitución rígida, pero sin control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley) o Canadá (donde el legislador ordinario-con ciertos límites y sujeto a una serie de condicionespuede hacer valer una ley aun a pesar de que la Corte Suprema la haya considerado contraria a derechos reconocidos en su constitución rígida)4.
algo más de perspectiva, los ensayos incluidos en J. Jowell y J. Cooper (eds.), Delivering Rights: How the Human Rights Act is Working (Oxford: Hart Publ., 2003). Por descontado, uno de los aspectosmás delicados del modelo es el que tiene que ver con la dificultad de distinguir en la práctica cuándo se ha limitado un tribunal a hacer una “interpretación conforme a la Convención” de una ley y cuándo, so pretexto de haber realizado una interpretación de esa clase, lo que en realidad ha hecho es inaplicarla y resolver el caso con un criterio extraño a ella, eludiendo así el preceptivo recurso...