mapa conceptual del procedimiento del amparo indirecto


SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO
I. LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO
EN LA LEY VIGENTE
Uno de los puntos del funcionamiento del juicio de amparo que demuestra con mayor claridad su carencia de respuestas ante los retos de la complejidad del mundo moderno es, precisamente, el de la suspensión del acto reclamado. Para que un instrumento de justicia constitucional de las libertades165 cumpla consu finalidad protectora es menester una medida cautelar que conserve la materia de la controversia y que evite que los particulares sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. Es sabido que sin una suspensión eficaz, en muchos casos, la protección constitucional del amparo se torna inoperante.

En materia administrativa su formalismo impide que actosnotoriamente arbitrarios puedan paralizarse, al tiempo que permite la inejecución de actos que claramente se ajustan a la Constitución y a las leyes. Incluso el requisito de valorar la apariencia de buen derecho para el otorgamiento de la medida cautelar derivado de jurisprudencia de la Suprema Corte no ha sido entendido adecuadamente, lo que, salvo en el caso de clausuras, ha provocado que seainoperante. Se ha ignorado, en gran medida, que se trata del principio señalado por la doctrina del fumus iuridicus, es decir, del examen preliminar de la materia de la controversia para descubrir un principio de fundamentación que permita al juez otorgar efectos restitutorios a la medida precautoria, sin prejuzgar sobre el fondo. Con estas deficiencias la suspensión está lejos de realizar su finalidad deconservar la materia del amparo y evitar al quejoso daños de difícil o de imposible reparación.

En materia penal el panorama es aún peor. Las reformas al funcionamiento de la suspensión en amparos penales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 8 de febrero de 1999, provocan que la suspensión prácticamente sea inexistente. Entre otras cosas, la exigencia de hacer comparecer alquejoso ante el juez de la causa o el Ministerio Público implica un cambio de situación jurídica, con el consecuente sobreseimiento del juicio de amparo. En una jurisprudencia reciente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que, de conformidad con el artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el juez de distrito goza de la más amplia libertad, al conceder lasuspensión en contra de órdenes de aprehensión, para imponer al quejoso la obligación de comparecer ante el juez de la causa para rendir su declaración preparatoria, como requisito de efectividad de la medida cautelar.

Asimismo, la negativa genérica e irreflexiva de la medida cautelar tratándose de delitos considerados por la ley como graves provocan abusos de la autoridad e indefensión en losgobernados. Todo lo anterior, derivado de la falsa e interesada idea de que con tal situación se coadyuva en el combate a la delincuencia y se abate la impunidad. La experiencia demuestra que con la vigencia de la reforma que comentamos ninguno de estos rubros ha disminuido. Por lo demás, el que una persona sea procesada en libertad mientras se demuestra su culpabilidad no es impunidad; lo es el que porerrores de los órganos persecutorios los órganos jurisdiccionales se vean obligados a dictar sentencias absolutorias.

Para tener una idea general de las limitaciones de la suspensión, basta señalar que hasta antes de las tesis de jurisprudencia 15/96 y 16/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sostuvo reiteradamente que la suspensión debía tener meros efectos conservatorios,y que para resolver sobre ella no debía llevarse a cabo estudio alguno sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por ser materia de la sentencia que resolviera el fondo del amparo.

La rigidez en la aplicación de los supuestos referidos provocó carreras procesales entre quejosos y autoridades; los primeros para conseguir la suspensión, los últimos para consumar el acto y evitar la...