Nada en particular
Vie, 07/05/2010
Por Humberto Campodónico
Cuando a principios del 2004 el gobierno argentino se dio cuenta de que no había reservas de gas suficientespara, a la vez, satisfacer su demanda interna y exportar a Chile, restringió las exportaciones porque el mandato fundamental para el cual había sido elegido era abastecer de energía a su pueblo.
Loscontratos vigentes en ambos lados no eran entre empresas estatales sino entre privados. Como era de esperarse, el gobierno chileno protestó de manera enérgica, argumentando que los contratos debíancumplirse. Agregó que la inversión en los cuatro gasoductos trasandinos era US$ 2,000 millones, a lo que debía sumarse la inversión en centrales eléctricas a gas y la realizada por empresas industriales.Pero el gobierno argentino se mantuvo firme y las empresas privadas tuvieron que acatar. De su lado, el gobierno chileno sacó las lecciones y se planteó como objetivo central la seguridad en elsuministro, para lo cual construirían una Planta de Regasificación de gas, que vendría de cualquier parte del mundo. El Terminal de Quintero se inauguró el año pasado y hoy Chile tiene gas seguro,aunque más caro: le cuesta US$ 10 por millón de BTU.
En el Perú no sucede lo mismo, pues los gobiernos, tanto el de Toledo como el actual, defienden los intereses empresariales extranjeros pasando porencima de la población peruana. Para defender los intereses nacionales lo único que el gobierno tendría que hacer es respetar la estabilidad jurídica del contrato firmado en diciembre del 2000 entre elConsorcio Camisea y el gobierno peruano.
Pero del 2003 al 2005 se cambiaron las leyes en el Congreso y el Ejecutivo autorizó a Perupetro, con el DS 050-2005, a que renegocie el contrato del Lote88 con el Consorcio Camisea, lo que se plasmó en el DS-006-2006 de enero del 2006. Un mes después, en febrero del 2006 el consorcio exportador Peru-LNG firmó los contratos de exportación del gas del...
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