Práctica 5

|CASO PRÁCTICO 5: CLÁUSULA DEL ESTADO DE LOS CONOCIMIENTOS. EL CASO DEL CONTAGIO DEL SIDA Y LA HEPATITIS C POR TRANSFUSIONES |
|SANGUÍNEAS REALIZADAS EN HOSPITALES PÚBLICOS |


ENUNCIADO
Antes de la aprobación de la Ley 4/1999, que reformó la Ley 30/1992 [pic], existían respuestas jurídicascontradictorias de los ordenes civil, social y contencioso-administrativos a la problemática de los contagios del virus del SIDA y la hepatitis C a través de transfusiones realizadas en hospitales públicos antes de la existencia de reactivos que permitieran testar las unidades de plasma. Estos supuestos comenzaban a generar toda una serie de demandas de responsabilidad que habían encontrado respuestas diversasen la jurisprudencia. Ténganse en cuenta la dificultad del razonamiento jurídico en clave de responsabilidad objetiva a que obligan. En efecto, de una parte, en una concepción pura de un sistema objetivo, y dado que las transfusiones se realizaron en hospitales públicos, la relación de causalidad resulta meridiana. Pero, de otra, se plantea si no resulta una contradicción declarar a laAdministración responsable de unos daños cuya producción era imprevisible, en tanto se desconocía la propia existencia de los virus, e inevitable, hasta que fueron desarrollados los primeros reactivos. Añádase, además, que el trasfondo es el de centenas de tragedias personales, en muchos casos fallecimientos tras enfermedades penosas y socialmente estigmatizadas. El legislador de 1999 decidió excluirestos casos del ámbito de la responsabilidad, precisando que su compensación ha de venir, en su caso, de la mano de las previsiones de ayudas legislativas. Esto es, de la solidaridad y no de la responsabilidad. Y, en efecto, el legislador aprobó leyes compensatorias. No obstante, incurrió en una contradicción, influido por el dictamen del Consejo de Estado de 22 de enero de 1998, ya que en laExposición de Motivos aludía a que dicha cláusula supone una matización de los supuestos de fuerza mayor, mientras que en el texto del artículo 141.1 LRJAP-PAC [pic], la “cláusula del estado de los conocimientos” quedaba asociada a la noción de “antijuridicidad” y de “obligación de soportar el daño”. La introducción de esta cláusula ha sido objeto de valoraciones diversas, desde los que la contemplancomo “un paso adelante en la definición del sistema”, hasta los que tachan la reforma como “el inicio de la demolición del sistema de responsabilidad objetiva de las Administraciones Públicas”, como puede comprobarse en la bibliografía citada. Junto a la interpretación del sentido y alcance de dicha cláusula, el supuesto, como ocurre, en general, en el caso de los daños derivados de la asistenciasanitaria pública, plantea importantes cuestiones en materia de jurisdicción competente, plazo para interponer la acción, valoración de los daños.
PREGUNTA 1:
Contrástese la aproximación de los diferentes órdenes jurisdiccionales a este genero de supuestos en las SSTS de 31 de mayo de 1999 [pic](Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 3 de diciembre de 1999 [pic](Sala de lo Civil), y de 22de diciembre de 1997 [pic](Sala de lo Social).


-Civilistas: la fuerza mayor en el Derecho romano era contemplada como una circunstancia excluyente de la imputación en un sentido técnico-jurídico preciso. Si hay fuerza mayor, no hay culpa. Realmente, la visión de los civilistas desde entonces ha cambiado poco.

Imputabilidad del daño a un determinado sujeto, exige, por lo tanto, antetodo, según este precepto una conducta dolosa o culposa, sin la cual el nexo causal carece de toda significación, pero cuando de culpa se trata, además es necesario que concurra la nota de previsibilidad del daño o del perjuicio, porque no basta para que la indemnización proceda que el acto sea ilícito o culpable, sino que se exige además que el sujeto haya podido preverle como posible, dadas las...