Sentencia 1214/01

FUNDAMENTOS JURÍDICOS


PRIMERO.- Centra su pretensión la entidad apelante en que la sentencia dictada en instancia valora erróneamente la prueba practicada en autos, al considerar que la sentencia dictada en instancia incurre en una errónea apreciación de los cálculos efectuados para determinar las cantidades a compensar. La actora está disconforme con las valoraciones de los trabajosadicionales y con el coste de los trabajos mal efectuados. Considera la recurrente que lo que ha reclamado – en relación a los trabajos fuera del presupuesto – no es el presupuesto del proyecto, sino el presupuesto del contratista. Refiere que el presupuesto del contratista es lo que pactan en un inicio las partes, y que los trabajos no presupuestados que se realizan con posterioridad se deben facturaraparte. Considera el recurrente que el importe por los trabajos adicionales ha de ser por la cantidad de 1.361.849 ptas., y no el fijado en la sentencia que se recurre. Por lo que respecta a la deducción por los trabajos mal efectuados, considera el recurrente que las anomalías deben ser valoradas en la suma de 602.724 ptas., y no en el importe fijado por el perito judicial. La cuestión adilucidar en la presente apelación es de naturaleza probatoria, y reside en si los cálculos efectuados por el actor en el presente recurso han sido acreditados a tenor de la prueba practicada. Es conocidísima la jurisprudencia sentada respecto a la correcta interpretación del artículo 1214 del Código Civil (doctrina aplicable al actual artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000) en cuanto serefiere a que posición litigante – actor o demandado- corresponde probar los hechos deducidos en juicio y que resulten controvertidos, habiendo reiterado en diversos fallos el Tribunal Supremo que este artículo no contiene norma valorativa de prueba y que sólo puede ser alegado como infringido en casación cuando se acuse al Juez de haber alterado indebidamente el onus probandi, es decir,invertido la carga de la prueba que a cada parte corresponde: al actor la de probar los hechos normalmente constitutivos de su pretensión y al demandado, en general, la de los impeditivos o extintivos (Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1982, 7 de junio de 1982, 31 de octubre de 1983, 15 de febrero de 1985, 15 de septiembre de 1985, 7 de enero de 1986, 23 de septiembre de 1986, 10 dejunio de 1986, 23 de septiembre de 1986, 18 de mayo de 1988, 24 de diciembre de 1988 y 8 de marzo de 1991, entre otras). La aplicación de esta doctrina ha de efectuarse de forma armónica en conexión con los hechos debatidos en el pleito y que son probados, y de modo subsidiario para cuando no exista prueba suficiente. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en las sentencias de 30 denoviembre de 1982, 19 de mayo de 1987, 5 de octubre de 1988, 16 de noviembre de 1988, 10 de mayo de 1988, 19 de diciembre de 1989, 27 de febrero de 1990, 10 de mayo de 1990 y 2 de junio de 1995, entre otras, precisando la sentencia de 5 de octubre de 1988 que “la doctrina del onus probandi no tiene otro alcance que el señalar las consecuencias de la falta de prueba y no es aplicable por consiguiente,cuando........la sentencia establece con precisión la resultancia probatoria obtenida a través de la apreciación de los medios de prueba aportados al pleito”. Por su parte, la Sentencia del TS de 8 de marzo de 1996 incide con más precisión, después de referirse al carácter supletorio del art. 1214 del Código Civil, actual art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el reparto de la cargaprobatoria según la disponibilidad de probar que tenga cada litigante, y citando la sentencia de 17 de octubre de 1981, declara que “”; y las Sentencia de 18 de mayo de 1988, con cita de otras varias, se refiere a la correcta interpretación de la doctrina legal sobre la carga de la prueba “según criterios flexibles y no tasados, que se deben adoptar en cada caso, según la naturaleza de los hechos...