2 92 normas preconstitucionales 1

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Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Antiguo Cuscatlán, a las diez
horas del día veintiséis de julio de mil novecientos noventa y nueve.
El presente proceso constitucional ha sido promovido por el ciudadano Hugo Daniel
Miranda Lupone, a fin que este Tribunal declare la inconstitucionalidad, en su contenido,
del Art. 8 del Decreto Legislativo N° 169, de diecinueve denoviembre de mil novecientos
setenta, publicado en el Diario Oficial N° 235, Tomo 229, correspondiente al veintitrés de
diciembre del mismo año, por medio del cual la Asamblea Legislativa emitió la Ley
Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo; y del Art. 7
letra a) del Reglamento para la aplicación de dicha ley, emitido por el entonces Poder
Ejecutivo en los ramosde Economía, Defensa y Obras Públicas, mediante Decreto
Ejecutivo N° 51, de diecinueve de junio de mil novecientos setenta y tres, publicado en el
Diario Oficial N°121, Tomo 240, correspondiente al dos de julio del mismo año.
Han intervenido en el proceso, además del mencionado ciudadano, la Asamblea
Legislativa, el Presidente de la República y el Fiscal General de la República.
Analizados losargumentos, y considerando:
I. En el trámite del proceso, los intervinientes expusieron respectivamente lo siguiente:
1. El demandante fundamentó la petición de inconstitucionalidad de las disposiciones
impugnadas, en los siguientes argumentos:
Que la ley impugnada fue promulgada de conformidad al Art. 136 de la Constitución de
1962, en cumplimiento al "deber del Estado de fomentar y proteger lainiciativa privada
dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y asignar los
beneficios de ésta al mayor número de habitantes"; pretendiéndose con dicha ley, "regular y
vigilar el depósito, transporte y distribución de los productos de petróleo, así como la
construcción y funcionamiento de (...) estaciones de servicio o gasolineras y tanques para
consumo privado", según suartículo 1.
También regula dicha ley -en su Art. 7- que la construcción de las mencionadas estaciones
deben ser autorizadas por el Ministerio de Economía, previa opinión favorable de los
Ministerios de Defensa y de Obras Públicas; sin embargo, por lo establecido en su Art. 8, el
Ministerio de Economía no autorizará la construcción de una estación de servicio o
gasolinera "si no mediare de la máspróxima una distancia prudencial que evite la
concentración excesiva, la cual no podrá ser inferior de 600 metros de radio en la zona
urbana y de 10 kilómetros en la zona rural".
Además -dijo-, del análisis de la ley y su reglamento, especialmente del Art. 8 de la primera
se pretende evitar una supuesta "concentración excesiva" de estaciones de servicio, lo cual
deja entrever un parámetro que "noresponde a ningún criterio de seguridad u orden
público, si no más bien a un concepto de carácter puramente económico", que debería

examinarse detenidamente a efecto de distinguir si con él se buscan los objetivos
consignados en el Art. 101 Cn., en lo que se refiere a la defensa del interés de los
consumidores; en el 102 Cn., en lo que corresponde a la libertad económica y el
acrecentamiento dela riqueza nacional "para asegurar los beneficios de ésta al mayor
número de habitantes del país"; y el Art. 110 Cn., en lo relativo a la prohibición de todo
monopolio o práctica monopolística.
Y es que, a su juicio, tanto el Art. 8 de la citada ley como la letra a) del Art. 7 del
reglamento de la misma, responden a un criterio que no es congruente con lo preceptuado
en los mencionados artículosde la Constitución vigente, en razón de que son violatorios de
la libertad económica, consignan una práctica monopolística, no defienden el interés de los
consumidores y, al coartar la iniciativa privada y las posibilidades de inversión, privan a un
considerable número de personas de participar en un negocio lícito -las estaciones de
servicio de productos de petróleo o gasolineras- e impiden que...