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Páginas: 20 (4995 palabras) Publicado: 6 de agosto de 2015
EL PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA.


A. Generalidades.
A.a. El concepto de Bien Jurídico.
A.b. El principio de lesividad y su relación con el Bien Jurídico.
A.c. La aplicación del principio de insignificancia o afectación mínima y su consecuencia: la atipicidad.
A.d. La Jurisprudencia a favor de su aplicación. Diferentes vías para un mismo resultado.
A.e. La Jurisprudencia contraria a suaplicación.

B. El principio de insignificancia y su factibilidad de aplicación en el Régimen Penal Cambiario.
B.a. El bien jurídico protegido y el principio de lesividad en el Régimen Penal Cambiario.
B.b. La racionalidad de los actos de gobierno como fundamento para la aplicación del principio de insignificancia.
B.c. La aplicación racional del principio de insignificancia o bagatela en casosparticulares sometidos al Régimen Penal Cambiario.
B.d. La posibilidad de instrumentación del principio de insignificancia o bagatela por vía de reglamentación.

C. Conclusiones.


EL PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA

A. Generalidades.

A.a. El concepto de bien jurídico protegido.
Conforme la definición que propone el Dr. Raúl Zaffaroni en su obra “Manual de Derecho Penal, Parte General” (V Ed., Ediar, BuenosAires, 1999, Págs. 389/390 “bien jurídico penalmente tutelado es la relación de disponibilidad de un individuo con un objeto, protegida por el Estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de las conductas que le afectan”.

En síntesis, y más allá de las distintas formulaciones con las cuales cada autor define este concepto, claramente refiere a intereses concretos de la vida ensociedad que el Estado protege estableciendo una pena para las conductas lesivas de dichos intereses vitales.

Claro está que tal protección por parte del Estado jamás podría llevar a la promulgación de un precepto del cual pudiera decirse que no sanciona de algún modo conductas que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico determinado.
Estos bienes jurídicos no son creados por la legislaciónpenal sino que son establecidos por la Constitución y el Derecho Internacional y fundados, obviamente, en nuestra condición de seres humanos.

Estos bienes jurídicos protegidos pueden ser individuales o colectivos y la introducción de estos últimos en los cuerpos legales penales “refleja el paso del Estado de derecho liberal, preocupado fundamentalmente por asegurar el orden social en un contexto degarantías formales de la convivencia, a un Estado que además es social y por ello aspira a lograr esa convivencia pacífica por medio del aseguramiento a todos los ciudadanos de determinados presupuestos materiales” (José Luis Diez Ripolles “El bien jurídico protegido en un derecho penal garantista”. Ponencia presentada en el 75º aniversario del código penal argentino, celebrado en Buenos Airesen el mes de agosto de 1997).

Estos loables motivos en modo alguno podrían justificar abusos por parte de un legislador que pretendiera servirse del Derecho Penal para labores de transformación social que a esta rama del derecho le son ajenas.
Como bien señala Esteban Righi, la protección del derecho penal no es absoluta, sino parcial pues se admiten casos de afectación de un mismo bien jurídicoque no son punibles penalmente. Cita a modo de ejemplo, la penalización de determinadas acciones que afectan el derecho de propiedad, como el caso del hurto, y no otras que son excluidas del ámbito del derecho penal, como el caso del mero incumplimiento contractual. Ello ocurre por “aplicación del llamado principio de intervención mínima, en cuya virtud las normas penales deben limitarse a protegerlos intereses colectivos o individuales, cuando ello es imprescindible para la vida en comunidad. Consiguientemente, el remedio penal debe ser utilizado por el Estado como ultima ratio, es decir, cuando han fracasado todos los instrumentos previos de que dispone. Ésa es la razón por la cual los bienes jurídicos no deben ser protegidos con sanciones penales cuando es posible tutelarlos con...
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