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La sentencia 236/2007, de 7 noviembre, gira en torno al recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Parlamento de Navarra contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, de22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. En dicho recurso, se motivaba lainconstitucionalidad de los puntos 5 (relativo al derecho de reunión de los extranjeros), 6 (que reconoce a los extranjeros el derecho de asociación), 7 (que establece el derecho a laeducación de naturaleza no obligatoria sólo para los extranjeros residentes), 9 ( el cual permite la libertad sindical de los extranjeros en las mismas condiciones que los españoles), 12y 13 (giran en torno a la intimidad familiar y al reagrupamiento familiar), 14 (ordena la no motivación de la denegación de visados en algunos supuestos concretos), 16 (regula laasistencia jurídica gratuita), 50 (autoriza la expulsión del territorio español de los extranjeros condenados por conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena privativa delibertad superior a un año), 53 (organiza el internamiento de los extranjeros en los supuestos de retorno) y 56 (constituye un plazo de alegaciones de 48 horas en el procedimiento preferentede expulsión tras la incoación del procedimiento sancionado) del artículo primero de la Ley Orgánica 8/2000. Finalmente, tras los motivos alegados por el Abogado del Estado, elTribunal decidió estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad, fallando en los siguientes términos: declaró contrarios a la Carta Magna los artículos 7.1, 8, 11.1 de la Ley Orgánica4/2000, declaró, así mismo, inconstitucional y nula la inclusión del término “residentes” en los artículos 9.3 y 22.2 de la misma Ley y, finalmente, desestimó el resto del recurso.