Abogado

1. Introducción
En las últimas semanas han proliferado opiniones, en diversos sectores de la sociedad paraguaya, que dan a entender sobre la necesidad u oportunidad política de echar mano al sistema de contrapesos (checks and balances) entre los poderes del Estado mecanizando, según manda el Art. 3º de la Constitución, la herramienta (interorgánica) de control de gestión funcionarial delCongreso sobre la Corte Suprema de Justicia, ante la presunta existencia de irregularidades o mal desempeño en el cargo. En este contexto se habla de enjuiciamiento colectivo, escalonado o focalizado a determinados ministros de la máxima instancia judicial. Por tales circunstancias, en el presente artículo reproduciremos, en la medida de lo permitido, el pensamiento de autores especializados en lamateria, que esperamos puedan aproximarnos al justo medio que requiere la precisión conceptual.
2. Constitucionalización del juicio político
En un sistema presidencialista de gobierno (un poco híbrido para algunos), como el paraguayo, el mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad política de funcionarios y magistrados que gozan de inamovilidad e inmunidad penal, hállase establecido en elArt. 225 de la Constitución de la República, que instituye la figura del ¿juicio político?, cuyos antecedentes se remontan a la Carta Magna de 1870, de acuerdo con la siguiente disposición:
El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General dela República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.
La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dostercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.
3. Naturaleza jurídica según la doctrina
En atención a la fórmula constitucional que proclama el juicio político (Art. 225, ut supra), laliteratura especializada en mayoría coincide, como podrá notarse en los renglones de abajo transcriptos, en definir su naturaleza jurídica como política; por lo tanto, a partir de la conclusión que subyace de estos conceptos doctrinales podremos evaluar, a continuación, las implicaciones que se derivan de la mentada particularidad, la politicidad del juicio, en cuanto a las causales y resultanciasdel procedimiento previsto en nuestro ordenamiento constitucional.
FELIX PAIVA: En este juicio de responsabilidad, llamado constitucionalmente juicio político, se hace efectiva la responsabilidad política. La sentencia es meramente política. Ella no entraña pena propiamente dicha, no conduce a la pérdida de la libertad del individuo ni a la condenación pecuniaria; provoca solo su remoción delcargo que desempeña o su destitución. (Estudio de la Constitución del Paraguay, t. I, p. 176, Asunción, 1926).
EUSEBIO A. LUGO: El juicio político no se ha imaginado para castigar a los culpables como en las causas de jurisdicción común; el juicio político solo tiene por objeto separar a los culpables de sus funciones para garantir a la sociedad contra sus excesos, su inmoralidad o su ineptitudpara el desempeño del cargo. Para mayor ilustración del punto, citaré la opinión del senador Summer, en el caso del presidente Johnson, de los Estados Unidos de América: el juicio político es un procedimiento político con propósitos políticos, que está fundado en culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político (Cámara de Diputados, juicio...