Acción de Amparo y principio de legalidad

UNA REVOLUCIÓN JURÍDICA EN MARCHA: LA ACCIÓN DE
AMPARO EN DEFENSA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DEL
INTERÉS PÚBLICO
UN REPLANTEO EN TORNO A LA LEGITIMACIÓN DE LOS
CIUDADANOS Y UNA REFLEXIÓN SOBRE LA NOCIÓN DE
AFECTACIÓN Y PERJUICIO

AUTOR: BELTRÁN GAMBIER

En homenaje a Reynaldo Peters, quien hace 30 años supo defender sus
derechos con coraje, convicción y creatividad desde la celdallamada
“Tropezón”. Su ejemplo nos hace mantener la confianza en la acción
cívica y en la justicia.

Sumario: 1. El rol del ciudadano y del abogado
en las democracias modernas 2. La legitimación
concebida a partir del ciudadano. Reformulación
de la noción de afectado. El “interés público
cualificado” y la legitimación para iniciar una
acción de amparo 2.1. El enfoque propuesto 2.2.
¿Nos“afecta”

la

violación

al

principio

de

legalidad? 2.3 El interés público y su posible
cualificación 2.4. Trascendencia de la noción
“interés público cualificado”: no se pretende
desvincular la ilegalidad del perjuicio 2.5 La
propuesta en la práctica 2.6. Análisis de los
posibles óbices a esta postura. 3. Conclusiones

1

1. El rol del ciudadano y del abogado en lasdemocracias
modernas
Los ciudadanos no pueden limitarse a votar en la democracia de hoy, y
los abogados no pueden limitarse a atender sus clientes si creen en el
rol social de la abogacía.
El ciudadano no es consciente de su poder reaccional como protagonista
del Estado de Derecho y del sistema democrático. No es un mero
observador. Por otra parte, muchos abogados no son lo suficientemente
activosen el ejercicio de su rol social que va más allá de la defensa de
sus clientes. El abogado debe tener un mayor activismo cívico en lo se
refiere al control de la administración y del gobierno.
Sin embargo, pese a lo antedicho, no estamos tan mal. Se observa hoy
un fenómeno que se va desarrollando poco a poco en muchos países: un
nuevo y más activo rol de los ciudadanos en la vida pública queexcede
la actividad meramente partidaria y se centra en temas tales como la
transparencia de la actividad de administración y gobierno, el control del
funcionamiento de la justicia1, de la educación, de la seguridad y de los
servicios públicos2.
Es necesario que los ciudadanos ejerzan su poder reaccional frente a
unos gobernantes que violan -unas veces por acción, otras por omisiónelprincipio de legalidad o dictan medidas contrarias al interés público3.
1

La Fundación Poder Ciudadano cumple una interesante labor en esta materia. Así lo puse de
manifiesto en “El poder de los ciudadanos”, publicado en La Correspondencia, papeles de nuestro
tiempo, número 7, Primer Semestre de 2001, Madrid, pág. 90 y ss.

2

Las asociaciones de consumidores han adquirido un rol muy activo enesta materia.

3
Gambier, Beltrán, “Civismo y Amparo. Derecho de los ciudadanos a la vigencia del principio de
legalidad”, La Ley, Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo” del 3 de abril de

2

Si tomamos la materia urbanística, por ejemplo, basta recorrer cualquier
ciudad del mundo para darse cuenta, al mirar ciertos edificios, de la
falta de escrúpulos de quienesautorizaron su construcción y la
demolición de los preexistentes.
Pero el ciudadano no puede actuar en defensa del interés público sin un
marco jurídico e institucional donde su actuación resulte facilitada. Es
mucho lo que falta hacer en este sentido y creo que a los abogados, por
su formación, les cabe desempeñar un rol social cuya definición aún no
se ha producido4. En este sentido, y a modode propuesta, creo
oportuno y necesario que los colegios de abogados abran registros y
fomenten la incorporación a ellos de aquellos letrados que deseen
atender pro bono este tipo de casos. Así lo hizo el Colegio Público de
2000, señalaba en esa oportunidad que “es realmente reconfortante ver que aumenta el número
de ciudadanos que se animan a luchar contra el poder arriesgando, en algunos...