accion privada

El llamado proceso penal tradicional se caracteriza por naturaleza, como un modelo en el que prevalece la acción penal pública, cuya facultad de ejercicio históricamente se ha asignado de manera exclusiva al órgano especializado denominado Ministerio Público, según puede advertirse del contenido del artículo 21 constitucional hasta antes de la reforma de 18 de junio de 2008.
Lo anterior permiteconcluir que a partir de dicha reforma (con vigencia desde el día siguiente de su publicación), el sistema procesal mexicano, ya sea de corte tradicional o de tipo acusatorio, prevé la posibilidad de incorporación de la aludida acción penal por parte de particulares, lo que implica el establecimiento de una excepción a la regla general que sigue siendo la del acusador penal público (MinisterioPúblico).

Esto conduce a reconocer, primero, que en México prevalece el reconocimiento de la titularidad para el ejercicio de la acción penal en favor del órgano especializado denominado Ministerio Público (acusador penal público), al subsistir la concepción de que la acción penal es precisamente de interés público; segundo, que el texto de la segunda parte del párrafo segundo del citado artículo21 Constitucional no delimita las peculiaridades de la acción penal que pueda ser ejercida por los particulares, sino que lo deja en manos de la ley secundaria, quien dice “determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial”.

Derivado de ello, se debe admitir que cada legislación podrá regular dicho supuesto que en realidad constituye unaexcepción y así por ejemplo encontramos cuatro entidades de la República (Estado de México, Durango, Puebla y Morelos) que se han ocupado de legislar en sus respectivos códigos de procedimientos penales la que se ha dado en llamar acción penal privada, bajo diferentes perspectivas o criterios, pero con una aparente tendencia a vincular tal posibilidad especialmente con la naturaleza de delitostradicionalmente considerados como no graves o perseguibles por querella, pero sin que ello sea una disposición constitucional, lo que se refleja por ejemplo en el actual proyecto de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que pareciera referirse a un accionante privado o particular con posibilidad de intervención, aún tratándose de delitos de diversa categoría.
Este es un tema queigualmente tendrá que ser depurado en su momento a la luz de los criterios constitucionales que enmarcan dicha nueva forma de accionantes privados o particulares en el ámbito de la justicia penal mexicana, sin embargo, nuevamente, la posibilidad misma de permitir la dispersión normativa en ese aspecto genera, desde nuestro punto de vista, una complejidad que incide en la perturbación de la seguridadjurídica entendida como derecho fundamental de todos los habitantes del país, por las razones ya ampliamente comentadas.

Como tercer aspecto deducible del párrafo segundo reformado del artículo 21 Constitucional, se obtiene que la posibilidad de regular la acción penal privada o particular no se constriñe desde el punto de vista constitucional a la implementación simultánea del llamado nuevo sistemade justicia penal acusatorio, sin embargo, no deja de llamar la atención que las legislaciones que se han ocupado del tema lo han hecho a partir de la implementación de este último, lo cual también sería un punto a reflexionar.

b) Codificación secundaria. Al respecto basta reiterar que de acuerdo a los datos oficiales con que se cuenta, sólo en cuatro de las entidades federativas (Estado deMéxico, Durango, Puebla y Morelos) se advierte la aplicación de códigos que contienen regulación específica al llamado procedimiento por delito de acción privada, con la característica de la dispersión y diversidad normativa, lo que decíamos, debería ser motivo de mayor reflexión, pues la modificación constitucional no pretende asignar una facultad a las autoridades o legislaciones estatales...