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1.

2. El dictado y firma de la resolución administrativa de oficio compete únicamente a jueces administrativos, ya que según la ley 11.683 en su art. 16 dice que cuando no se hayan presentadodeclaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la AFIP procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo, y que las liquidaciones y actuaciones practicadas porlos inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos, no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen lasatribuciones de jueces administrativos.

3. Es falso, porque surge del art 17 de la ley 11.683 que dice que el procedimiento de determinación de oficio se iniciará, por el juez administrativo, conuna visita al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen, proporcionando detallado fundamento de los mismos, para que en el términode quince días, que podrá ser prorrogado por otro lapso igual y por única vez, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho. De el surge que es potestad deljuez, que pueda o no prorrogarse.

4. (F) Siempre es necesario el dictamen jurídico previo a la resolución determinativa de oficio.
No siempre, sólo cuando el Juez administrativo no es abogado.Conforme art. 10 del
Decreto 618/97 y bajo pena de nulidad.
(V) La determinación de oficio sobre base presunta es siempre la alternativa
supletoria a la determinación de oficio sobre basecierta.
Ya que sólo procede ante la inexistencia de elementos o insuficiencias de diversa
índole, es decir cuando la determinación no se puede realizar a través de los libros y demás
documentación quelleve el contribuyente. Ello conforme el artículo 18 de la Ley 11.683,
t.o. 1998 y sus modificaciones y jurisprudencia en la materia entre otras causa “Dannemann,
Adrián Curt” TFN Sala A 13/5/1999...