Agravio En Recurso Contra La Diot

PRIMERO. Las resoluciones que determinan los créditos fiscales 251160 y 251161 son ilegales en términos del artículo 5, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación y 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la autoridad aprecio lo hechos de manera equivocada y dejo de aplicar la disposición debida.
El motivo que origino la emisión delos créditos consiste en:

Crédito fiscal número 251160:
“EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DETERMINO MULTA POR NO PROPORCIONAR LA INFORMACION MENSUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32, FRACCION VIII DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.

Crédito fiscal número 251161:
“EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIADETERMINO MULTA POR NO PROPORCIONAR LA INFORMACION MENSUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32, FRACCION VIII DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.”

Sin embargo, de la revisión al artículo 32 primer párrafo, y fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se advierte que el legislador no hizo referencia alconcepto genérico de “terceros”; pues por el contrario específicamente señalo “proveedores”.
Es ilegal que la Autoridad considere que no se encuentre obligada a señalar en forma exacta y precisa el concepto tal y como lo prevé el dispositivo que contiene la obligación, pues tal afirmación representaría una arbitrariedad dado que las autoridades no pueden hacer otra cosa que lo dispuesto en lasleyes, es decir, no pueden requerir una obligación que no se encuentre expresamente en la ley, dado que las disposiciones fiscales que establecen cargas a los contribuyentes son de aplicación estricta por lo que no puede hacerse uso de la mayoría de razón ni de la analogía, en términos del artículo 5 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Antes de desestimar un Acto Administrativodebemos, antes que nada, partir de las premisas de que los actos de autoridad administrativa deben respetar el principio de legalidad y la de que todos los actos administrativos gozan de la presunción de validez.

Esto significa que los actos administrativos en principio deben estar apegados a las normas jurídicas pues las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

Además, todoslos actos administrativos nacen a la vida jurídica con la presunción de que son válidos.

Ello es así, pues de lo contrario se generaría inseguridad jurídica para los gobernados y arbitrariedad e injusticia por parte de las autoridades.

En consecuencia, todos los poderes públicos han de actuar siempre, y en todos sus actos, con la cobertura específica de las leyes, o sea, bajo el manto de unanorma jurídica previa y la Administración Pública no queda exenta de realizar sus funciones sometiéndose plenamente a la ley y al derecho.

Por tanto, en la emisión, aplicación y ejecución de sus actos, las autoridades administrativas tienen una potestad que está normativamente “tasada”, de modo que sólo pueden llevar a cabo lo que el orden jurídico les faculta para hacer, es decir, carecen depoderes genéricos o indeterminados.

El contenido del acto administrativo no puede ser decidido libremente por la Administración, pues su actuación queda sometida a la Ley y al Derecho, para ser válido y produzca efector jurídicos.

En consecuencia, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 132, segundo párrafo, del código en cita porque se debe de resolver en la cuestión efectivamenteplanteada, esto es, que el concepto genérico de terceros no es igual que el concepto especifico de proveedores.

La autoridad al citar en las resoluciones impugnadas:
“EN CONSECUENCIA SE LE IMPONE LA MULTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41 FRACCIÓN I Y 134 PARRAFO PRIMERO FRACCIÓN I, 135, 136 Y 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ,……….
……….
No es suficiente considerar que la autoridad...