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MARCO ANTONIO DÍAZ DE LEÓN
implícitamente también se contempla en el texto del artículo 17 constitucio
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nal, igualmente reformado.
Implementar tal sistema para promover lajusticia penal ha sido y es, to
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davía, fruto de una evolución social, democrática y legislativa donde se ven
impulsos deseosos de un hipotético progreso de la sociedad y del gobernado,
de lospoderes estatales, de partidos políticos, de diputados y de senadores
mediante el logro de este cambio de enjuiciamiento.
Dicha reforma constitucional es muestra fehaciente de democracia, de
voluntadpopular y de decisión gubernamental; puso en marcha la decisión
política de los poderes Ejecutivo y Legislativo que finalmente, con poca ob
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jeción, lograron el objetivo político-criminal demodificar la Constitución,
al ponerse de acuerdo al respecto los congresistas de la Cámara de Senado
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res del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos,
el 28 de febrero de 2008.
1Con independencia de los contenidos sustantivos o adjetivos penales
que contiene tal Reforma, lo políticamente relevante, es en sí mismo el afán
de renovarse en la lucha contra el delito, así comoel hecho sobresaliente de
la propia Reforma, como resultado de una gestión democrática del gobier
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no actual, que supo lograr el nada fácil consenso y la adhesión de partidos
políticos engeneral, de diputados y de senadores de las cámaras relativas.
Además, indiscutiblemente, también son de destacarse la materia y los
artículos de la Reforma, respecto de lo que, lógicamente, hoy todavíaes
temprano para fundar una opinión dialéctica: aparte de los comentarios
que aquí haremos, pues serán la historia y los especialistas quienes, después
de que entre en vigor en el fuero federal y enel Distrito Federal, darán no-
ta de fondo sobre la secuela de su adecuación práctica en la justicia penal,
sobre sus aciertos o aun acerca de sus posibles errores.
De esta manera emerge a la...