Alumbrado Publico.

El 12 de Febrero de 2013 se expidió la Ley Federal del Impuesto Federal al Alumbrado Público. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, los municipios son responsables de proporcionar el servicio de alumbrado público y no obstante lo anterior, se presume que los municipios carecen de las fuentes de ingresos que permitan financiarlo, por lo cual seemprendieron acciones tales como la imposición del cobro del derecho al alumbrado público “DAP” por sus siglas. Sin embargo, tal contribución ha sido declarada inconstitucional de manera reiterada por nuestro máximo tribunal, toda vez que el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de nuestra carta fundamental, reserva al Congreso de la Unión la facultad de establecer contribuciones sobre elservicio de energía eléctrica, señalando que la Federación deberá otorgar una participación a estados y municipios.
Al respecto, el artículo 27 constitucional establece que “corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En ésta materia, se otorgarán concesiones a los particularesy la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
Por su parte, el artículo 73, fracción X, de la propia Constitución, establece “que el Congreso tiene facultades para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, energía eléctrica y nuclear, entre otras materias”.
Asimismo, el artículo 115 de la Constitución, en su fracción III, inciso b),ordena a los municipios prestar los servicios de alumbrado público.
Si bien el servicio de alumbrado público forma parte de los servicios públicos cuya prestación corresponde a los municipios, lo cierto es que nuestros municipios dicen carecer de los recursos para financiar dicho servicio y la infraestructura necesaria para otorgarlo, por lo cual se ha venido generando una enorme deuda municipalfrente a la Comisión Federal de Electricidad.
Por lo regular, la base del “derecho de alumbrado público” se integra con el importe del consumo del fluido eléctrico, y no por la prestación del servicio, lo que se traduce en que a mayor consumo se pague un mayor derecho, lo que aumenta la base gravable, y a menor consumo disminuye el monto a cubrir.
No obstante lo anterior, el hecho de que la basegravable del derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se establezca de acuerdo con el consumo de energía eléctrica implica que el monto a cubrir no corresponda a la prestación de un servicio, sino más bien a un hecho ajeno vinculado con la capacidad contributiva del consumidor, pues para determinar la cuantía del derecho a cubrir no se toma en consideración el costo querepresenta para el municipio la prestación de dicho servicio, sino el valor del consumo de energía eléctrica que de manera individual generan los gobernados. De esta manera, las legislaturas locales en realidad han venido establecido impuestos sobre el consumo de energía eléctrica a pesar que la capacidad de consumir energía eléctrica no tenga que ver con la capacidad de contribuir ni con la capacidadeconómica, ya que se menciona que las tarifas que se cobran depende de la zona en que se utilice la energía eléctrica. Dicho sea de paso, que la una persona viva o tenga su establecimiento mercantil en una zona de “escasos recursos”, no significa que dicha persona no tenga capacidad económica o contributiva, por lo cual, considero, rompe con el principio de proporcionalidad jurídica contenido ennuestra Constitución.
Cabe agregar que la prestación del servicio de alumbrado público exige un esfuerzo uniforme de la administración pública y el consumo individual de energía eléctrica no es un elemento que añada un gasto adicional a la prestación de dicho servicio. De aquí, que tal consumo no pueda constituir un parámetro válido para establecer el monto del derecho a cubrir por recibir el...