Arraigo

Vaguedad en la definición de delincuencia organizada: una puerta a la aplicación subjetiva del arraigo
Un elemento de gran preocupación es la vaguedad en la definición de delincuencia organizada, lo que ha permitido la aplicación subjetiva del arraigo. El artículo 2º de la Ley Federal sobre Delincuencia Organizada establece que:
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas acuerden organizarse o seorganicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.
Tal definición es a todas luces vaga, diseñada justamente así para que nadie se salve de una imputación por delincuencia organizada. Estaredacción señala la mera asociación delictiva como un delito sin especificar qué estándares probatorios habrían de dar cuerpo a una acusación por este delito. Aunado a ello, según la redacción “serán sancionadas… como miembros de la delincuencia organizada”, lo cual indica no una conducta, sino un tratamiento especial. En este sentido basta el señalamiento, muchas veces a través de testigosprotegidos o víctimas de tortura, de que personas pertenecen a grupos de delincuencia organizada, para que las autoridades ordenen el arraigo de los inculpados, sin habérseles acreditado ninguna conducta delictiva en particular más que su supuesta pertenencia a la delincuencia organizada. El bajo nivel probatorio en la definición de delincuencia organizada en la legislación mexicana prueba además que laLey mexicana no está adecuada a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).
Resulta emblemático el caso del Sr. Jaime Carlos González Coronel, médico de la ciudad de Agua Prieta, en el estado de Sonora, quien fue sometido a tres periodos de arraigo de manera consecutiva por la Procuraduría General de la República. Vencido el primertérmino de 40 días por el que fue arraigado por el supuesto delito de tráfico de órganos y de personas indocumentadas, la Procuraduría solicitó la ampliación del plazo por otros 40 días, plazo máximo para que el Ministerio Público consigne o libere a la persona bajo arraigo. Sin embargo, en total violación de la legislación aplicable y de la propia Constitución, al término del plazo de 80 días, laPGR solicitó una nueva orden de arraigo, pero esta vez por lavado de dinero. Con ello, se radicó el expediente ante el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua, con lo que el Sr. González Coronel fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Por otro lado, el bajo nivel probatorio requerido para someter a una persona bajo arraigo ha permitido a las autoridadeshacer un uso excesivo de dicha figura, violando con ello el principio de legalidad. De acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como ya se señaló, para que el arraigo sea dictado por el juez, el Ministerio Público debe contar con “indicios suficientes que acrediten fundadamente que alguien es miembro de la delincuencia organizada”. Esto significa que tan sólo es necesario quela autoridad investigadora sostenga que existe la posibilidad o la probabilidad latente de que la persona que se pretenda arraigar pertenezca a la “delincuencia organizada”.
Existe muy poca jurisprudencia directamente aplicable a estos aspectos. Sin embargo, en virtud del artículo 16 de la Constitución mexicana y de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la mera existencia de un testigo quedeclare la relación de una persona con el crimen organizado parece ser suficiente para obtener una orden de arraigo.
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