contensioso administrativo

La suspensión de efectos del Acto Administrativo
Una de las principales incidencias formales de la Constitución de 1999 sobre el sistema contencioso-administrativo atañe al explícito reconocimiento –en su artículo 26- del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, la tutela judicial efectiva permite al particular, acceder sin dilaciones indebidas a la jurisdicción; participar en un debidoproceso y obtener una sentencia justa y ejecutable, por el Poder Judicial La posibilidad de obtener una sentencia justa y efectiva presupone el poder cautelar del juez, desde que las medidas preventivas se dirigen, precisamente, a evitar que la sentencia definitiva quede ilusoria. El derecho a obtener una protección cautelar es, por tanto, instrumento para el ejercicio de la tutela judicial. Así loha entendido el Tribunal Constitucional español al señalar, en sentencia de 17 de diciembre de 1992, número 1445/1987, que “la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso”.

Dentro del sistema de medidas cautelares previsto en el ordenamiento contencioso administrativo venezolano encontramos lasuspensión de efectos del acto administrativo impugnado (vid. artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Venezuela).

El artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, cuyo tenor es el que sigue: “a instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la Ley ola suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso”.

Cabe acotar, en este sentido, que la medida cautelar prevista en el artículo 136 no supone la desaparición del efecto ejecutorio de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva no choca contra el derecho ala tutela judicial efectiva –así lo ha aceptado expresamente el Tribunal Constitucional español en sentencias de fechas 17 y 21 de julio de 1982– pues esta medida parte siempre del equilibro entre las prerrogativas de la Administración y el derecho a la tutela judicial efectiva de los particulares. Se ha señalado así que “... el reconocimiento de la constitucionalidad del privilegio de autotutelano puede hacerse a costa de un principio más explícito en la Constitución y, además, en el capítulo de derechos fundamentales (...) el de la tutela ‘judicial’ y aun ‘efectiva’ no simplemente formularia o formal. La esencia de las medidas cautelares es, justamente, evitar las frustraciones de los fallos judiciales de fondo, de modo que no resulten ‘desprovistos de eficacia’, consolidando lassituaciones que resulten contrarias al derecho según el propio fallo ...”( García de Enterría, Eduardo, La Batalla por las medidas cautelares, segunda Edición ampliada, Civitas, 1995, p. 314). La posibilidad de efectuar esta ponderación de intereses queda resguardada incluso en la propia redacción del artículo 136, que sujeta la procedencia de tal medida a “las circunstancias del caso”. Por ello, en laresolución de esta medida cautelar, y además de los requisitos tradicionales referidos a la presunción del buen derecho, al periculum in mora y al bonus fomus iuris, el juez deberá ponderar el interés general que puede exigir la ejecución del acto administrativo impugnado.


II. La reciente interpretación de la Sala Político-Administrativa.

Sin embargo, la interpretación dada por la SalaPolítico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en torno al artículo 136, considera nuevamente al artículo 136 como una medida excepcional frente al principio general de la ejecutividad de los actos administrativos. La jurisprudencia, además, se ha pronunciado sobre otros dos aspectos: los requisitos de procedencia de esta medida preventiva y la posibilidad de revocar ésta por “contrario...