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Exp: 04-011636-0007-CO
Res. 03669-2006
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas del quince de marzo del dos mil seis.
         Consulta judicial de constitucionalidad formuladapor el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, por resolución No. 890-2004 de las 11 hrs. del 30 de julio del 2004, en el proceso ordinario, tramitado en el expediente No. 97-001083-163-CA, de William Fonseca Ledezma contra Gerardo Bolaños Alvarado, Claudia Reyes Silva y el Estado, de los artículos 21, párrafo 1°, inciso a), y 31,párrafo 1°, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (No. 3667 del 12 de marzo de 1966) .
RESULTANDO:
         1.-
Por resolución No. 890-2004 de las 11 hrs. del 30 de julio del 2004, el Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, dictada en el proceso ordinario de  William Fonseca Ledezma contra Gerardo BolañosAlvarado, Claudia Reyes Silva y el Estado (expediente No. 97-001083-163-CA), formula consulta de constitucionalidad de los artículos 31, párrafo 1°, y 21, párrafo 1°, inciso a), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (No. 3667 del 12 de marzo de 1966). Refiere que en el proceso jurisdiccional la representación del Estado opuso las defensas previas de defecto formal, falta deagotamiento de la vía administrativa y de acto consentido. Si bien el juzgado en resolución No. 462-2003 de las 15 hrs. del 12 de junio del 2003, las rechazó indicó que “sin perjuicio de que puedan ser revisadas nuevamente al momento del dictado de la sentencia de fondo”, por lo que considera que la excepciones se encuentran pendientes de resolver. El juez consultante estima que tiene dudas fundadasde constitucionalidad de los referidos numerales de la Ley Reguladora de la JurisdicciónContencioso-Administrativa, por contrariar el principio de igualdad de las cargas procesales, sin un fundamento de justicia material suficiente, puesto que, con el agotamiento preceptivo se obstaculiza el acceso a los medios jurisdiccionales, restringiendo las posibilidades de obtener una tutela cautelaradecuada. Considera tener dudas sobre la proporcionalidad del agotamiento preceptivo de la vía administrativa en cuanto restringe los derechos fundamentales a la acción y a la tutela judicial efectiva, en salvaguarda del interés público. En su criterio con el agotamiento obligatorio de la vía administrativa establecido en la ley se restringen derechos fundamentales, infringiéndose, en su opinión, elprincipio de supremacía constitucional derivado de los artículos 195 y 196 del texto fundamental. En lo relativo a la inimpugnabilidad legal del acto tácitamente consentido, formula dudas acerca de su congruencia con el derecho fundamental al control de legalidad o de recurrir en vía  jurisdiccional los actos de las autoridades públicas.
         2.-
El representante del Estado, por escritopresentado el 20 de agosto del 2004 se apersono y manifestó que ninguna razón le asiste al órgano jurisdiccional consultante, puesto que, el requisito previo del agotamiento de la vía administrativa, no limita los derechos o garantías del administrado a una tutela judicial efectiva, por el contrario es un recaudo para implementar el principio de “justicia administrativa”, para zanjar las diferencias ensede administrativa. Ese requisito cumple una función de control administrativo de parte del jerarca en beneficio del administrado, de modo que con el mismo se implementan los principios de seguridad y certeza. En su opinión el agotamiento preceptivo tampoco quebranta el principio de igualdad de cargas procesales.
         3.-
Por memorial presentado el 30 de agosto del 2004, el representante...