corte suprema

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL


Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil once (2011).

EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.
La decisión de segundo grado, con la que se agotó el ejercicio de la función jurisdiccional para el caso en concreto, frente al punto controversial planteado por el accionante, tampoco puede ser calificada de absurda, arbitraria nicaprichosa, en la medida que la confirmación de la providencia apelada se fundó estrictamente en que la excepción aducida “...sólo opera entre las partes inmediatas del negocio jurídico original que dio lugar a la creación de los títulos valores, son las excepciones llamadas por la doctrina causales, extracartulares o del negocio jurídico subyacente que pueden asumir, según las circunstancias,características de personales o reales. Es decir, que se pueden oponer contra el ejecutante, siempre que este sea el inicial beneficiario, pero como sucede en este caso, cuando los títulos valores entran en la fase de circulación, la letra de cambio se desprende (…) de esa relación causal, y las excepciones que de ella surgen son inoponibles al tenedor o tercer poseedor de buena fe, como bien loanalizó el juzgador de primera instancia.”

Agregó, que la técnica jurídica indica que el demandado “debió haber excepcionado” en el sub lite la defensa prevista en el num. 13 del art. 784 del C. de Co., esto es, las demás personales que pudiera oponer el demandado contra el actor, empero al juez no le es dable “sustituir a la parte ejecutada y escoger cuál excepción es la que más se encuentra ofavorece al ejecutado puesto que eso repugna con la esencia el derecho mercantil que es eminentemente dispositivo…”. Finalmente, adujo que “…si se estudian las excepciones personales propuestas por la parte demandada (lesión enorme)…, la conclusión en este asunto es la misma: no prosperan las excepciones propuestas…”.

Así las cosas, el fundamento expuesto por el juzgador ad quem no es un desatino,como pretende hacerlo ver la accionante, al punto que la obligación subsiste a cargo del ejecutado-accionante.

De otra parte, resulta pertinente recalcar que el meollo probatorio en el proceso de marras no consistía en demostrar la existencia del contrato de compra venta a que alude el quejoso, como obstinadamente reclama por esta vía constitucional, cuanto más dentro del proceso no fue objetode cuestionamiento la no recaudación de la prueba, sino en acreditar que la ejecutante no era tenedora de buena fe exenta de culpa, como presupuesto para que la defensa saliera avante, pues de no ser así resultaba inane la defensa, dado que a aquel era presupuesto ineludible de la misma, razón por la cual se tornó intrascendente el reparo hecho a las sentencias atacadas en el escrito de tutela.Así las cosas, se observa entonces, que previa valoración jurídica y objetiva del material probatorio los juzgados demandados pronunciaron en dichas sentencias las respuestas a los puntos en que ahora edifica la queja constitucional que, en ese orden de ideas, no se vislumbran como caprichosas o arbitrarias, pues, como se dijo antes, la excepción causal de los títulos valores puede prosperarsiempre y cuando se formule entre las mismas partes del negocio jurídico o, cuando ha circulado el instrumento, se demuestra la mala fe del tenedor-ejecutante del mismo. Así las cosas, es dable concluir que no se consumó alguna vía de hecho, de manera que la acusación constitucional gira en torno de un factor meramente interpretativo, para forzar una deducción fáctica que se ajuste al interés delpeticionario y con la que se pretende reabrir etapas procesales previamente clausuradas, sobre las cuales no es factible volver sin olvidar con ello el debido proceso que precisamente se invoca en este evento como quebrantado. Desconociendo el carácter residual y subsidiario de esta acción, así como que la misma no está llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por...