cosas

Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
Resolución No. 1920-2003
En nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente
constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael
Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita
Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Alvarez Valencia,
Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda ReyesPérez, Julio
Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés
Dreyfous, Edgar Henández Mejía y Pedro Romero Confesor, miembros,
asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus
audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, hoy 13 de noviembre del 2003, años 160? de la Independencia
y 141? de la Restauración, dicta en Cámara deConsejo, la siguiente
Resolución:
Vistos, los artículos 3, 4, 8, 9, 10, 47, 67, 100 y 102 de la Constitución
de

la

República;

Visto, el artículo 29, inciso 2 de la Ley 821 sobre Organización Judicial,
del

1927;

Vista, la Ley Orgánica No. 25/91, de la Suprema Corte de Justicia, del
15 de octubre del 1991, modificada por la Ley No. 156-97, del 10 de
julio

del

1997;

Vista, laLey 1014, del 1935; Visto; el artículo 24 de la Ley No. 3726,
del

año

1953;

Visto, el artículo 4 del Código Civil de la República Dominicana;
Visto, el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil de la República
Dominicana;

Vista, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 1948;
Vista, La Declaración Americana de los Derechos Humanos, del 1948;
Vistos, los artículos1.1, 1.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.h, 8.4, 9, 11,
24, 25, 33 y 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o
Pacto de San José, de fecha 22 de noviembre de 1969, debidamente
aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 739 de
fecha 25 de Diciembre de 1977 y publicada en la Gaceta Oficial No.
9460

del

11

de

Febrero

de

1978;

Vistos, los artículos8, 9, 10, 14, 14.1, 14.2, 14.3.a, 14.3.c, 14.5, 14.7 y
15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de
diciembre de 1966, debidamente aprobado por el Congreso Nacional
mediante Resolución No. 684 de fecha 27 de Octubre de 1977 y
publicado en la Gaceta Oficial No. 9451 del 12 de Noviembre de 1977;
Visto, el artículo 1 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas lasFormas de Discriminación Contra la Mujer, de fecha 18 de diciembre de
1979, debidamente aprobada mediante Resolución No. 582 de fecha 25
de Junio de 1982 y publicada en la Gaceta Oficial No. 9588 del 25 de
Junio

de

1982;

Visto, el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de fecha 19 de Febrero del 1999.
Vista, la Resolución sobreDefensa Judicial, No. 512-2000, dictada por
la Suprema Corte de Justicia en fecha Diecinueve (19) de Abril del 2002.
Atendido, que en un Estado constitucional y democrático de derecho, el
reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales, constituye la
dimensión

sustancial

de

la

democracia;

Atendido, que estos derechos tienen como fundamento los atributos de la
persona humana queemanan de su dignidad inherente y son reconocidos
por

el

sistema

constitucional;

Atendido, que la Constitución asume esta dimensión, al establecer en su
Artículo 8 que: “Se reconoce como finalidad principal del Estado la
protección

efectiva

de

los

derechos

de

la

persona

humana

y

el

mantenimiento

de

los

medios

que

le

permitanperfeccionarse

progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia
social, compatible con el orden público, el bienestar general, y los
derechos

de

todos”;

Atendido, que en el artículo 8, precitado, se encuentra enunciado el
conjunto de garantías mínimas que deben cumplirse para asegurar la
adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo...