Criminalización de la lIbertad de expresión

Criminalización de la Libertad de Expresión
Alumna: Catalina Ruiz Ravello Fecha: 28 de agosto de 2013
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión”, indica el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero ¿qué es la libertad de expresión? Este principio se entiende como “la facultadque, por el solo hecho de pensar y tener un criterio respecto de algo, tenemos todos para expresar libremente ese pensamiento sin que ella debamos ser reprimidos, censurados o recibir calificativos poco encomiables”1.
En nuestro país esta condición inherente al ser humano está en constante discusión, ya que en 2012, según el ranking de libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Chilebajó del puesto 33 al 802. La abrupta caída puede asociarse a una serie de factores, entre los que destacan la penalización a las radios comunitarias y a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en grupos económicos.
Sumado a lo anterior, la creación de nuevas legislaciones que coartan el derecho de manifestarse y expresar libremente el descontento social, tal como ocurrecon la llamada “Ley Hinzpeter” que busca limitar la protesta social, han aportado a la restricción de la libertad de expresión, sino también a su criminalización.
“(La enmienda) pasa a llevar, a vulnerar los derechos humanos de las personas, particularmente en lo que tiene que ver con Libertad de Expresión y derecho a reunión”, indicó el presidente de Amnistía Internacional, Roberto Morales, aradio Cooperativa el pasado 31 de julio de 20133, explicando por qué el organismo ha rechazado la aprobación de esta legislación.
El problema de la restricción y criminalización de la libre facultad de expresar, que vive Chile actualmente, fue tratado durante las “Jornadas Participativas sobre Libertad de Expresión y Leyes de Medios” mediante los conversatorios “Libertad de Expresión y LeyHinzpter” y “Experiencias del Ejercicio de la Libertad de Expresión en Chile y América Latina”, en los cuales participaron diversos exponentes para compartir sus visiones particulares tanto del presente como del futuro de nuestro país en estas materias.
En el primer panel, Belén Saavedra de Amnistía Internacional y Víctor Soto del Programa Asesorías Ciudadanas del Instituto Igualdad, explicaron cómo elgobierno ha levantado un mito en torno al resguardo del orden público, a través de los medios de comunicación, para justificar esta legislación que penaliza a quienes participen, convoquen y asistan a manifestaciones sociales no autorizadas por las autoridades, bajo el pretexto de aumentar las penas contra quienes provoquen desmanes durante las protestas.
Esta perspectiva se respalda, además, en elhecho de que las acciones que busca sancionar la “Ley Hinzpter” ya existen en el actual marco regulatorio chileno, por tanto, no busca llenar ni perfeccionar un vacío legal.
El Código Penal en su artículo 269 establece que “serán castigados con la pena de presidio en su grado mínimo (de 61 días a 1 años) quienes cometan desórdenes públicos”; mientras que en la polémica regulación se indica que“serán castigados con la pena de presidio en su grado mínimo (de 61 a días a 3 años) quienes comentan desórdenes públicos graves”, los cuales son “paralizar o interrumpir, valiéndose de fuerza en las cosas o de violencia o de intimidación en las personas, algún servicio público, tales como hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transportes(…) impedir o alterar, ejerciendo fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas, la libre circulación por puentes, carreteras, caminos u otros bienes de uso público semejantes, resistiendo el actuar de la autoridad4”.
Este cambio de figura legal traslada la definición de transgresión a un contexto muy particular, como lo es la protesta social, lo cual queda más en...