Demanda De Amparo

ARTÍCULO 74.- El pago de los derechos por concepto del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado a cargo del Municipio, se causarán de conformidad con las tarifas y cuotas que contiene el Anexo “B”, denominado “Cuotas y Tarifas de los Derechos por los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado”, de la presente Ley.
ARTÍCULO 75.- La recaudación total de los derechos que establece esteapartado, se invertirá exclusivamente en la prestación de los Servicios de Agua Potable por conducto de Aguas del Municipio de Durango. En ningún caso podrán ser destinados a otro fin distinto.
ARTÍCULO 76.- Los ingresos que se perciban por concepto de derechos por la prestación del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de sus AguasResiduales, contemplados en esta Ley, se administrarán en forma independiente por Aguas del Municipio de Durango, en virtud de ser éste un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Mismo tratamiento se dará a los ingresos que el Organismo obtenga provenientes de financiamiento, créditos o empréstitos, así como de subsidios, aportaciones y rendimientos quereciba.
CAPÍTULO VIII
POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y REFRENDOS
ARTÍCULO 77.- Los sujetos de este derecho, serán las personas físicas y morales que soliciten la expedición de licencia o refrendos para la realización de las actividades que se detallan en el presente capítulo.
Bajo el anterior contexto normativo, conviene traer a colación la tesis de rubro FINES EXTRAFISCALES Y DEPOLÍTICA FISCAL. CUANDO PERSIGUEN UNA FINALIDAD AVALADA POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APORTAN ELEMENTOS ADICIONALES PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO.; emitida por la
Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, con número de registro 168133, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta atinente a la Novena Época, visible en lapágina 551, Tomo XXIX, con fecha Enero de 2009, la cual literalmente establece:
Acorde con la jurisprudencia P./J. 24/2000, de rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FECHA DE REV. 07/04/2010 NO. DE REV. 01 FOR. 7.5 DPL 07FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.", para cumplir el principio de equidad tributaria el legislador no sólo está facultado, sino que tiene laobligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente, y
que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. En ese sentido, se advierte que las mencionadas finalidades económicas o sociales, o bien, las razones de política fiscal o extrafiscal que sustentenlas categorías diferenciadoras establecidas por el legislador, cuando se materializan a través de bases objetivas y bajo parámetros razonables, no son una causa que justifique la violación a la garantía de equidad tributaria, sino que talconcatenación de circunstancias es lo que permite salvaguardar dicha
garantía, es decir, cuando los indicados fines persiguen una finalidad
avalada por laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
aportan elementos adicionales para determinar la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de un determinado precepto. En tal virtud,
partiendo de la premisa de que efectivamente existiría un trato
diferenciado, la búsqueda de fines extrafiscales o de política tributaria
no es la razón que justificaría el establecimiento de un tratodiscriminatorio, sino que evidenciaría que la diferenciación no vulnera la
Constitución y que se cumplen los postulados de la garantía de
equidad. Argumentar lo contrario implica un error metodológico, al
alterarse el orden de la conclusión en relación con las premisas, pues se
partiría de la existencia -no corroborada- de una violación a la garantía
de equidad tributaria, para...