Derecho Penal y DD HH

Constitución y Proceso Penal

1. Introducción
2. La Constitución
3. Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y el Proceso Penal
4. Marco Constitucional del Proceso Penal Peruano
5. Conclusiones
6. Referencias Bibliográficas

Introducción
El auge que ha cobrado actualmente los derechos humanos en el ámbito internacional, con su consagración en diversos instrumentosinternacionales, ha generado un proceso, con dificultades, pero creemos irreversible, que la doctrina denomina como la internacionalización de los derechos humanos, tendencia universal que ha impactado significativamente en los ordenamientos internos de los estados, el cual se expresa en lo que algunos tratadistas denominan como la constitucionalización de los derechos humanos. Este impacto normativo seexpresa en la positivación de los derechos fundamentales en las Constituciones de los Estados.
La importancia de los derechos humanos no solo se expresa en su reconocimiento y consagración normativa, sino también en el necesario replanteamiento de instituciones y categorías jurídicas con la finalidad de hacer efectivo la protección de estos derechos fundamentales.
En el campodel derecho penal material, esto se comprueba en el establecimiento de principios limitadores del poder punitivo del estado, lo que ha conllevado a la consagración de los derechos fundamentales como derechos que limitan desde el principio la autoridad del estado y que operan como fuentes de obligaciones del mismo. De esta manera, conforme señala Muñoz Conde, la legitimidad del derecho penal o delpoder punitivo del estado proviene del modelo fijado en la constitución y de los pactos y tratados internacionales, reconocidos por la constitución y que el derecho penal debe respetar y garantizar en su ejercicio. Para este autor, la legitimación del derecho penal tiene un doble aspecto: La legitimación extrínseca proveniente del marco o modelo establecido por la Constitución y los TratadosInternacionales de derechos humanos; y la legitimación intrínseca del propio instrumento jurídico punitivo, que estaría representada por los principios específicos que limitan la actuación o poder punitivo del Estado.
Lo mismo ha ocurrido con el derecho procesal penal, en donde la noción de proceso penal está en relación con el grado de efectividad en la protección de los derechos fundamentales.En este sentido, es común leer en la doctrina procesal penal, tanto europea como iberoamericana la cita del gran procesalista alemán James Gold Schmidt, quien ya desde el año de 1935 señalaba que: “Se puede decir que la estructura del proceso penal de una nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su Constitución”, o en las referencias a lo señalado por Roxinen su obra “Derecho Procesal Penal”, quien caracterizó al derecho procesal penal como sismógrafo de la Constitución del Estado”.
Esto significa que existe una relación indesligable entre derecho constitucional y derecho procesal penal y entre Constitución y proceso penal, lo cual se expresa en la llamada constitucionalización del proceso penal, es decir, en la consagración de principiosconstitucionales del proceso penal, el cual nos debe llevar a redefinir la noción de proceso penal en relación al marco constitucional.
Juan Montero Aroca señala que “el proceso penal debe dejar de ser concebido como mero instrumento para la aplicación del derecho penal y debe lograr ser entendido como garantía, como medio para garantizar el derecho y debe lograr ser entendido como garantía, como mediopara garantizar el derecho a la libertad de los ciudadanos ante o frente a la aplicación de ese derecho”.
Es así como la necesidad de configurar un estado democrático en el que se garantice la vigencia, respecto y protección de los derechos fundamentales, conlleva a establecer estos mismos derechos como límites del ejercicio del poder estatal; generando a su vez, la tendencia a fijar en la...