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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente:
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA


Bogotá, D. C., dos de marzo de dos mil nueve

REF.: 11001-22-03-000-2008-01856-01


Se decide la impugnación presentada por Concepción Forero Franco, contra la sentencia de 22 de enero de 2009, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quenegó la acción de tutela promovida por la impugnante contra los Juzgados Veintidós Civil Municipal y Cuarto Civil del Circuito de Bogotá; trámite al cual se vinculó a los señores Segundo Lorenzo Melena y Lidia Angélica Yanza de Melena, en su condición de demandantes en el proceso de restitución de inmueble arrendado y ejecutivo para el cobro de cánones de arrendamiento, sobre el cual versa la quejaconstitucional.


ANTECEDENTES

1. La accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y a la defensa, los cuales estima conculcados por el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá, al proferir mandamiento de pago en su contra luego de dictada la sentencia emanada del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, que ordenórestituir el local comercial arrendado.

El proceso ejecutivo se promovió luego del juicio de restitución y para perseguir el pago de los cánones de arrendamiento adeudados por la actora, desconociendo que la causa alegada para la restitución fue el desahucio efectuado por los arrendadores con el fin de explotar económicamente el inmueble restituido, y no la mora en el pago de los emolumentos delarrendamiento. Señalan además que los demandantes no solicitaron el embargo y secuestro de los bienes ubicados en el local comercial, como lo exigen los artículos 335 y 424 del C.P.C., por lo que no podían formular demanda ejecutiva en el mismo proceso de restitución, ni solicitar el derecho de retención contemplado en el artículo 2000 del C.C.

Además, la demanda ejecutiva debía formularse dentro delos 10 días siguientes al auto que ordena obedecer lo resuelto por el superior, una vez desatada la alzada; en consecuencia, afirmó que el Juzgado accionado erró al estimar que el término para iniciar la ejecución era de sesenta días contados desde el auto aludido; al paso que, la ejecución tampoco era posible en el proceso de restitución porque la sentencia que puso fin a la actuación no impusocondena alguna, ni conminó a la entrega de bienes muebles, que en todo caso, no habían sido secuestrados, conforme lo exige el artículo 335 del C.P.C.

Adujo que hubo indebida notificación del mandamiento de pago, pues el enteramiento debió ser personal, a pesar de lo cual se surtió indebidamente por inserción en el estado, lo que privó a la demandada de ejercer el derecho de defensa pues suapoderada renunció al poder por hallarse concluido el proceso de restitución de inmueble arrendado, además, la noticia de esa renuncia se llevó a cabo a través de telegrama dirigido a una dirección distinta a la registrada para los demandados en el proceso de restitución.

Como el apoderado de la ejecutante solicitó al juzgado proferir sentencia, dada la notificación del mandamiento de pago hechapor estado del 17 de abril de 2007, el secretario informó que el proceso pasaba al despacho fenecido en silencio el término para excepcionar.

Con fundamento en la indebida notificación del mandamiento de pago formuló incidente de nulidad el que fue negado por el Juzgado accionado con sustento en que la ejecución de providencias judiciales se notifica por estado, conforme lo dispone el artículo335 del C.P.C., argumentos que no comparte la actora por cuanto la sentencia no condenó al pago de sumas de dinero ni a la entrega de bienes muebles no secuestrados.

La decisión fue recurrida en reposición y apelación, no obstante, fue confirmada en segunda instancia, por el Juez Cuarto Civil del Circuito de Bogotá.

En procura de protección de los derechos que estima conculcados, solicitó...