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STC 101/1983, de 18 de noviembre

CUESTIONES

A. ¿Cree usted que es conforme a la CE la exigencia de
juramento o promesa de acatarla para adquirir la plena
condición de parlamentario?

B. ¿Rompe dicha exigencia el mandato que une a los
representantes con sus representados?

C. ¿El acto de reconocimiento formal que supone el juramento
puede ser interpretado como unaadhesión política e
ideológica a los contenidos de la CE?

SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 164/83, formulado por el Procurador
don José Manuel de Dorremochea Aramburu, en representación de
don Ignacio Esnaola Etxeberri y don Pedro Solabarría Bilbao, bajo la
dirección de los Letrados don Ignacio Esnaola Etxeberri y don Ignacio
Iruin Sanz, contra el acuerdo del Congreso de losDiputados de 14 de
diciembre de 1982, que declaró la suspensión de los derechos y
prerrogativas parlamentarias de los actores. En el recurso han
comparecido el Ministerio Fiscal y el Congreso de los Diputados,
representado por el Letrado de las Cortes Generales. Ha sido Ponente
el Magistrado don Rafael Gómez-Ferrer Morant, quien expresa el
parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS1. La representación del Congreso plantea la posible existencia de
causas de inadmisión por razones procesales, que en el actual
momento serían de desestimación del recurso, cuyo examen debemos llevar a cabo antes de tratar del fondo de la cuestión
suscitada por los recurrentes. Son éstas la relativa a que los
demandantes formulan realmente un recurso de inconstitucionalidad
y no deamparo, y la referente a que el amparo no se pretende
respecto de derechos fundamentales incluidos en su ámbito.
La Sala entiende que no existe ninguna de las causas de inadmisión
aducidas. En cuanto a la primera, debe tenerse en cuenta, de una
parte, que el recurso se formula contra un acto del Congreso sobre la
base de que aplica un precepto del Reglamento de la Cámara que, a
juicio delos actores, es inconstitucional, y de otra, que el
mencionado Reglamento es susceptible de ser enjuiciado a través de
los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, de acuerdo
con el art. 27.1 d) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
(LOTC). Por ello, el supuesto planteado se encuadra en el
contemplado por el art. 55.2 de la propia ley, el cual establece que en
elcaso de que se estime un recurso de amparo porque la Ley
aplicada lesiona derechos fundamentales o libertades públicas, la Sala
elevará la cuestión al Pleno, que podrá declarar la
inconstitucionalidad de dicha Ley en nueva Sentencia con los efectos
previstos en el art. 38 y ss., sustanciándose la cuestión por el
procedimiento fijado para las cuestiones de inconstitucionalidad. Es
decir,que la Sala es competente para estimar o desestimar el recurso
de amparo suscitado contra el acto del Congreso, si bien la
estimación supondría, junto a la nulidad del acto, la inaplicación del
Reglamento al caso concreto, en cuanto produzca lesión de los
derechos fundamentales o libertades públicas susceptibles de
amparo, y la elevación de la cuestión al Pleno, el cual podría declararla inconstitucionalidad de la norma con los efectos generales
previstos para las Sentencias recaídas en los procedimientos de
declaración de inconstitucionalidad. No existe, por tanto, la primera
causa de inadmisión alegada.
En cuanto a la segunda, debemos señalar que el hecho de que el acto
impugnado sea de simple constatación, o de que se limite a aplicar la
voluntad contenida enla norma, carece de entidad a efectos del
recurso, en el que lo relevante es si existe o no un acto de los
poderes públicos -incluso la actuación por vía de hecho- que pueda,
hipotéticamente, haber violado un derecho o libertad fundamental
susceptible de amparo, todo ello de acuerdo con el art. 41 de la
LOTC.
La segunda causa de inadmisión tampoco puede ser, pues, tomada
en...