el nuevo futuro

“TIRAR A MATAR”



El escrito a analizar pone de manifiesto la discordancia que se da en la realidad en lo que se refiere al uso de la fuerza y sobre todo de las armas de fuego por parte de la policía y lo que realmente teorizan las leyes y los principios del derecho. Además el análisis nos ofrece los distintos puntos de vista que enfocan la posibilidad de amparar las actuaciones de losmiembros del cuerpo policial con determinadas eximentes y causas de justificación.

La actuación policial debe siempre cumplir con los requisitos legales que la posibiliten y no excederse en el ejercicio de su cargo.

Por ello, la actividad de la policía de seguridad debe ceñirse a determinados parámetros: la habilitación legal, la idoneidad del medio empleado, la necesidad y la proporcionalidad enel empleo de dichos medios.

La policía, en tanto que parte de la Administración, como tal debe someterse a la ley y al derecho (art 103.1 C.E.) por ello requiere de cobertura legal expresa para actuar ateniéndose al límite del respeto de la dignidad de la persona.

Además se establece la necesidad de idoneidad como expresa el art. 13 LOP al afirmar que los agentes deben actuar conforme a suprudente arbitrio. Por ello la idoneidad de los medios empleados no puede establecerse de forma general si no que debe concretarse en cada caso según la situación dada.

De todos modos siempre deben darse unos pasos previos para que la coacción sea idónea, como son el apercibimiento previo a la ejecución y el dominio del medio empleado.

Atendiendo al principio de necesidad no ha de quedarotra alternativa que el medio en cuestión para la coacción, y la coacción ha de ser lo menos lesiva posible ponderando los bienes en juego para no vulnerar el principio de proporcionalidad.

Acerca de la subsidiariedad de los derechos de defensa y necesidad, una parte de la doctrina afirma que de hecho la legítima defensa y el estado de necesidad justificante pueden darse en los actos policialesporque las leyes que regulan dichos actos dejan abierto el camino para la interpretación. Sin embargo, otro sector de la doctrina, en el que se identifica el autor, afirma que la normativa que habilita las injerencias estatales en la esfera de los derechos fundamentales de los ciudadanos, debe considerarse excluyente bajo el presupuesto de “ninguna injerencia sin ley”.

El primer sector de ladoctrina antes mencionado se escuda en la argumentación de que el negar a los cuerpos de seguridad la legítima defensa y el estado de necesidad como justificantes sería privarles de posibilidades de defensa propias de cualquier ciudadano y por tanto situarles en una situación de inferioridad. Sin embargo, el sector de la doctrina en que se adcribe el Prof. Queralt entiende que no se da dicha situaciónde inferioridad dado que los funcionarios policiales poseen medios y conocimientos muy superiores a los de los demás ciudadanos.

Por último el sector mayoritario de la doctrina se aferra a que en la Convención Europea de Derechos Humanos no se prohibe la muerte al defender a una persona injustamente amenazada. De nuevo debemos objetar que el art 2.2 CEDH no establece nuevas habilitaciones sino que tan sólo las ratificaría en caso de estar ya vigentes en nuestro derecho, por lo tanto las facultades policiales están recogidas en nuestro Ordenamiento Jurídico y su actividad no puede limitar a los derechos fundamentales que la ley no les atribuye.

Por tanto, la única causa que puede eximir de responsabilidad criminal a los funcionarios de policía es la del ejercicio del cargo o de laobediencia debida, en el caso de que la acción fuera ejecutada por un mandato del superior jerárquicamente.

Debemos, pues, diferenciar los casos en que no cabe el empleo mortal de las armas de fuego por parte de los agentes de aquellos supuestos en que puede llegar incluso a ser necesario.

El art. 2 LP reconoce que la finalidad de los Cuerpos que integran la Seguridad del Estado es la de...