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 Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
 
En fecha 12 de marzo de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada LUISA ORTEGA DÍAZ, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N°9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable rationetemporis-, respectivamente, ello en virtud de la denuncia interpuesta por el Diputado Pedro Carreño, en su carácter de Presidente dela Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.  
El 12 de marzo de 2013, el ciudadano Richard Miguel MardoMardo, actuando en nombre propio, solicitó copia de las actas procesales que conforman el expediente, a los fines de ejercer su defensa, conforme lo establecido en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, designócomo defensores a los abogados Jesús Alejandro Loreto, José Domingo Campos y Ángel Viso Cartaya, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 84.244, 161.091 y 181.774, respectivamente, solicitando les fuera tomado el correspondiente juramento.
El 19 de marzo de 2013, el ciudadano Richard Miguel MardoMardo presentó escrito mediante el cual invocó los artículos 174 y 175del Código Orgánico Procesal Penal para solicitar la nulidad absoluta de la petición de la Fiscal General de la República. Asimismo, denunció lo siguiente: Que la investigación fiscal se inició sin que hubiera sido notificado de la existencia de la causa, sus cargos y sin poder tener acceso al expediente. Que para presentar la solicitud, la Fiscalía debió efectuar una investigación, pues si elantejuicio es declarado con lugar, se iniciaría el juicio “propiamente dicho”. Que las personas tienen derecho a su defensa desde la misma fase de investigación lo que implicaría que los investigados sean informados de los cargos que motivan la investigación, que puedan acceder a las actas y pruebas que conforman el expediente, que dispongan de un tiempo adecuado para ejercer la defensa, que puedansolicitar la práctica de diligencias destinadas a demostrar su inocencia. Que sus derechos humanos habrían sido lesionados por el Ministerio Público, al presentar una solicitud de antejuicio sin que se le haya permitido su defensa durante la investigación preliminar que debió haberse realizado. Que el Ministerio Público no le notificó de la investigación, ni le dio oportunidad de solicitardiligencias de investigación. Que si el Ministerio Público llevó a cabo una investigación sin haberlo notificado, la solicitud de antejuicio estaría viciada de nulidad. Que si éste no llevó a cabo una investigación, se habría violado el debido proceso ya que el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, a su decir, establece que antes de ser celebrado el antejuicio debe llevarse a cabo unainvestigación preliminar, la cual debió realizarse con su conocimiento. Que si sólo pudiera demostrar su inocencia durante el juicio oral y público, para ese momento ya se habría dictado una medida desfavorable en su contra. Que esos derechos –defensa y debido proceso- habrían sido vulnerados incluso si el Ministerio Público llevara a cabo la investigación luego de que se realizara el antejuicio de méritoque solicitó. Que si la Fiscalía ha llevado a cabo parte de la investigación y pretende continuarla luego de haberse celebrado el antejuicio, también se estaría transgrediendo el orden lógico del procedimiento. Del mismo modo solicitó la “improcedencia in liminelitis” de la solicitud fiscal, pues la Fiscal General de la República ha pretendido utilizar el antejuicio como una autorización para...