Expo Dip

1

No extraditar al ciudadano Diego León Montoya Sánchez
Co-autor de la masacre de Trujillo
La captura del narcotraficante y líder paramilitar Diego León Montoya ha sido
referida, en los medios masivos, principalmente a sus responsabilidades en el
tráfico de narcóticos, pero los mismos medios han relegado a segundo plano u
olvidado totalmente su participación en crímenes de lesa humanidad.Hay allí
un mensaje excesivamente perverso: considerar el delito de narcotráfico, cuya
sanción interesa principalmente a los Estados Unidos, “más grave” que el crimen de lesa humanidad. Extraditarlo sería negar el derecho a la verdad, a la
justicia y a la reparación de centenares de víctimas.
Bogotá, septiembre 30 de 2007

Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Casa de NariñoCiudad
De toda consideración.
Acongiéndome al derecho constitucional de petición consagrado en el Artículo
23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, me permito solicitarle encarecidamente no permitir la
extradición del narcotraficante Diego León Montoya Sánchez a los Estados
Unidos.
Habiendo representado a numerosas familias devíctimas de la masacre de Trujillo (Valle) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso
11.007 abierto por dicha masacre, y habiendo suscrito en Washington con delegados del Gobierno de Colombia, el 26 de septiembre de 1994, el ACTA DE
ENTENDIMIENTO que dio origen al Decreto 2771 del 20 de diciembre de 1994
en el cual se creaba la COMISIÓN ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE
LOSHECHOS CORRESPONDIENTES AL CASO 11.007 DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, siento la obligación, Señor
Presidente, de recordarle que dicha Comisión registró y avaló pruebas de e
xtrema gravedad que comprometen a dicho ciudadano en la perpetración de
crímenes de lesa humanidad.

2
En efecto, según testimonios que la Comisión consideró fidedignos, en la
hacienda “LasVioletas”, propiedad del ciudadano Diego Montoya Sánchez,
ubicada entre los correg imientos de Andinapolis y Salónica, (municipios de
Trujillo y Riofrío, Valle), en la noche del 31 de marzo al 1° de abril de 1990 fueron descuartizadas con motosierra al menos 10 personas y al menos otras 5 el
día 2 de abril, aunque posteriormente se ha comprob ado que las víctimas fueron más numerosas. Un gran contingentede criminales, conformado por tropas
del Ejército, integrantes de organismos de seguridad del Estado y asesinos civiles rentados, ocupó dicha hacienda por muchos días en complicidad con su
propietario y en coordinación con el también narcotraficante Henry Loaiza Ceballos, en medio de un contexto de horrendos crímenes que segaron la vida de
varios centenares de pobladores de Trujillo, Riofrío yBolívar en el transcurso
de varios años.
El Gobierno de Colombia aceptó las responsabilidades que le incumbían por los
hechos violentos de Trujillo al recibir el Informe Final de dicha Comisión y se
comprometió a tomar “todas las acciones necesarias para que se honren las recomendaciones contenidas en el Informe de Trujillo” (Discurso del Presidente Samper el 31
de enero de 1995 al recibir elInforme). Y Entre dichas Recomendaciones, que
posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 88°
período de sesiones en febrero de 1995 “hizo suyas”, la primera afirma: “A las
instancias penales y disciplinarias competentes, investigar penal y disciplinariamente a
los servidores públicos y a los particulares involucrados en los sucesos violentos de Trujillo, y enjuiciary sancionar, si hubiere mérito para ello, a los responsables de los homicidios, las torturas, las desapariciones forzadas, las lesiones personales y las detenciones
arbitrarias de que fueron víctimas directas las 107 personas rela cionadas en el presente
Informe, y las que resulten identificadas en investigaciones posteriores”. De acuerdo
con la última “
Recomendación Especial”, la...