Fallo Carlos Eduardo Lopez
Páginas: 7 (1710 palabras)
Publicado: 3 de octubre de 2012
JUICIO: LÓPEZ CARLOS EDUARDO C/ PROVINCIA DE TUCUMAN S/ AMPARO.- EXPTE:353/12.-
SENT. Nº 268
San Miguel de Tucumán, junio 2 de 2012.
VISTO: La medida cautelar solicitada en esta causa.
CONSIDERANDO:
1. Vienen estos autos a despacho por la medida cautelar que pide el demandante con respecto a la elección realizada por el Poder Ejecutivo en fecha 07/05/2012 dentro de una determinadaterna de candidatos (remitida al Poder Legislativo el 08/05/2012 en el expediente 67-AC-12, libro 21, leg. Folio 610). La petición se articula a fin de que se suspenda la ejecutoriedad del acto de elección y se ordene con habilitación de horas ”a la Honorable Legislatura de Tucumán y al Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán que se abstengan de continuar con el trámite impreso para lacobertura de la vacante de la Fiscalía de Instrucción de la IVa. Nominación, derivado del acto administrativo cuya nulidad se persigue, hasta tanto exista pronunciamiento judicial de fondo” (fs. 29).
De acuerdo a las constancias de autos, la terna de candidatos que resultó del concurso de antecedentes y oposición nº 55 ante el Consejo Asesor de la Magistratura para la cobertura del cargo vacante deFiscal de Instrucción de la IV Nominación, estuvo integrada en la siguiente forma: 1er. Lugar: Carlos Eduardo López; 2do. Lugar: Diego Alejo López Ávila; y 3er. Lugar: Gustavo Aldo Simón Romagnoli, (fs. 69).
Acto seguido, la elección limitada a esa terna de candidatos que realizó el Poder Ejecutivo no se formalizó explícitamente, pero apareció implícitamente expresada en la decisión expresa deremisión de un pliego individual.
Por consiguiente, en la integridad abarcativa de su contenido jurídico, el acto que aquí se cuestiona del 7 de mayo de 2012 consiste en el acto mediante el cual se puso de manifiesto la elección realizada por el Poder Ejecutivo entre los tres candidatos integrantes de aquella terna; y al cabo de la cual se decidió –implícitamente- descartar al candidato ubicado enprimer lugar –Dr. Carlos Eduardo López-, elegir al candidato ubicado en segundo lugar –Dr. Diego López Avila- y solicitar el acuerdo de la Legislatura para proceder a su designación como Fiscal de Instrucción de la IV Nominación (fs. 12).
2. A fin de identificar la fundabilidad jurídica atribuida a la petición cautelar, cabe retener en primer lugar que el acto impugnado –según las alegacionesdel demandante- habría violado los derechos reconocidos en los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional; artículos 23.c y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 2.2, 25.c y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como también en la jurisprudencia federal (CSJN, Fallos 303:694, 308:857, y 324:1860, en “Lema Gustavo”; sentencia del 07/12/2010, en“Alvarez Maximiliano”, Fallos 333:2306; sentencia del 16/11/2004, en “Hooft Pedro”; CNFContAdm, en “Negocios y Participaciones S.A.”), en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v.gr.: sentencia del 01/07/2011, en “Chocron vs. Venezuela”; sentencia del 05/08/2008, en “Apitz Barbera vs. Venezuela”; sentencia del 30/06/2009, en “Reveron Trujillo vs. Venezuela”; sentencia del21/11/2007, en “Chaparro Alvarez vs. Ecuador”; sentencia del 24/02/2012, en “Atalaya Riffo vs. Chile”), y en la doctrina de los autores (v.gr.: Comadira J., Gordillo A. y Cassagne J.).
3. En segundo lugar, y a fin de identificar la visibilidad y gravedad de la invalidez jurídica atribuida, cabe advertir que el acto de selección realizado por el Poder Ejecutivo el día 07 de mayo de 2012 para lacobertura del cargo vacante de Fiscal de Instrucción en lo Penal de la IV Nominación constituiría -según la impugnación del demandante- un acto manifiestamente ilegítimo y arbitrario, y estaría viciado de nulidad absoluta e insubsanable.
De acuerdo a las alegaciones del actor, la facultad discrecional del Poder Ejecutivo de seleccionar a uno de los integrantes de la terna de candidatos del...
SENT. Nº 268
San Miguel de Tucumán, junio 2 de 2012.
VISTO: La medida cautelar solicitada en esta causa.
CONSIDERANDO:
1. Vienen estos autos a despacho por la medida cautelar que pide el demandante con respecto a la elección realizada por el Poder Ejecutivo en fecha 07/05/2012 dentro de una determinadaterna de candidatos (remitida al Poder Legislativo el 08/05/2012 en el expediente 67-AC-12, libro 21, leg. Folio 610). La petición se articula a fin de que se suspenda la ejecutoriedad del acto de elección y se ordene con habilitación de horas ”a la Honorable Legislatura de Tucumán y al Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán que se abstengan de continuar con el trámite impreso para lacobertura de la vacante de la Fiscalía de Instrucción de la IVa. Nominación, derivado del acto administrativo cuya nulidad se persigue, hasta tanto exista pronunciamiento judicial de fondo” (fs. 29).
De acuerdo a las constancias de autos, la terna de candidatos que resultó del concurso de antecedentes y oposición nº 55 ante el Consejo Asesor de la Magistratura para la cobertura del cargo vacante deFiscal de Instrucción de la IV Nominación, estuvo integrada en la siguiente forma: 1er. Lugar: Carlos Eduardo López; 2do. Lugar: Diego Alejo López Ávila; y 3er. Lugar: Gustavo Aldo Simón Romagnoli, (fs. 69).
Acto seguido, la elección limitada a esa terna de candidatos que realizó el Poder Ejecutivo no se formalizó explícitamente, pero apareció implícitamente expresada en la decisión expresa deremisión de un pliego individual.
Por consiguiente, en la integridad abarcativa de su contenido jurídico, el acto que aquí se cuestiona del 7 de mayo de 2012 consiste en el acto mediante el cual se puso de manifiesto la elección realizada por el Poder Ejecutivo entre los tres candidatos integrantes de aquella terna; y al cabo de la cual se decidió –implícitamente- descartar al candidato ubicado enprimer lugar –Dr. Carlos Eduardo López-, elegir al candidato ubicado en segundo lugar –Dr. Diego López Avila- y solicitar el acuerdo de la Legislatura para proceder a su designación como Fiscal de Instrucción de la IV Nominación (fs. 12).
2. A fin de identificar la fundabilidad jurídica atribuida a la petición cautelar, cabe retener en primer lugar que el acto impugnado –según las alegacionesdel demandante- habría violado los derechos reconocidos en los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional; artículos 23.c y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 2.2, 25.c y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como también en la jurisprudencia federal (CSJN, Fallos 303:694, 308:857, y 324:1860, en “Lema Gustavo”; sentencia del 07/12/2010, en“Alvarez Maximiliano”, Fallos 333:2306; sentencia del 16/11/2004, en “Hooft Pedro”; CNFContAdm, en “Negocios y Participaciones S.A.”), en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v.gr.: sentencia del 01/07/2011, en “Chocron vs. Venezuela”; sentencia del 05/08/2008, en “Apitz Barbera vs. Venezuela”; sentencia del 30/06/2009, en “Reveron Trujillo vs. Venezuela”; sentencia del21/11/2007, en “Chaparro Alvarez vs. Ecuador”; sentencia del 24/02/2012, en “Atalaya Riffo vs. Chile”), y en la doctrina de los autores (v.gr.: Comadira J., Gordillo A. y Cassagne J.).
3. En segundo lugar, y a fin de identificar la visibilidad y gravedad de la invalidez jurídica atribuida, cabe advertir que el acto de selección realizado por el Poder Ejecutivo el día 07 de mayo de 2012 para lacobertura del cargo vacante de Fiscal de Instrucción en lo Penal de la IV Nominación constituiría -según la impugnación del demandante- un acto manifiestamente ilegítimo y arbitrario, y estaría viciado de nulidad absoluta e insubsanable.
De acuerdo a las alegaciones del actor, la facultad discrecional del Poder Ejecutivo de seleccionar a uno de los integrantes de la terna de candidatos del...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.