FALLO MERA - Inaplicabilidad de ley antievasion

En esta controversia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pone fin a la disputa entre dos leyes tributaria, estas son, la ley de procedimientos tributarios (11683) y la ley antievasion (25345), al declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de esta ultima ley, la cual prohíbe el computo de gastos mayores a $1000 que fueron cancelados en efectivo.
La discusión se había originado porque lanormativa mencionada se contrapone a lo establecido en el art. 34 de la ley 11683, que permite deducir consumos y créditos fiscales, como lo es en el caso en cuestión, de Ganancias e IVA, sin importar el medio de pago, siempre que se demuestre la veracidad de las operaciones que lo generan.
Al efecto, según la ley “antievasion”, en sus arts. 1 y 2 se establece que los pagos deben efectuarse através de: depósitos en cuentas de entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques, tarjeta de crédito o debito; factura de crédito. Caso contrario, no se los computaría como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente.
En la practica, esta limitación determina un mayor impuesto a pagar por los contribuyentes.
No obstante, pese averificarse la veracidad de las operaciones efectuadas, el simple hecho de no adecuarse a lo dispuesto en la normativa citada generaba el rechazo al computo de las erogaciones efectuadas, no teniéndoselos en cuenta a la hora de pagar los gravámenes.
He aquí la cuestión principal, esto es, determinar cual es la normativa que prevalece.
A fin de resolver la controversia, en primer lugar se planteópor vía de apelación del actor ante el Tribunal Fiscal de la Nacion. Luego, obtenida sentencia favorable y mediando apelación del Fisco ante el tribunal de alzada, esta es, la Camara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, se confirma la sentencia apelada. En estas instancias se determina que el contribuye tiene razón al entender que constituye un despropósito que se prohíba elcomputo de las deducciones por el hecho de carecer de un requisito formal, maxime cuando se había demostrado la veracidad de las operaciones. Por ultimo, se procede al examen de la cuestión a través de la via del recurso extraordinario federal.
En cuanto a los hechos, la situación surge cuando la AFIP , en el 2006, intimo al actor a abonar ciertas sumas de dinero en concepto de impuesto a lasganancias e IVA, como consecuencia de impugnar gastos deducidos por aquel en el primero de tales tributos, y créditos fiscales en el segundo. Las impugnaciones se fundaron en que el actor abono en efectivo algunas compras efectuadas a sus proveedores, por cifras superiores a $1000, contraponiéndose a lo establecido en el art. 2 de la ley 25345, el cual especifica los medios de pago validos.Basicamente, las cuestiones controvertidas son las siguientes:
a) Aspecto procesal: competencia del Tribunal Fiscal de la Nacion ante la intimación de la AFIP en el marco del art. 14 de la ley 11683.
b) Aspecto sustancial: efectos del incumplimiento de los deberes formales del art. 2 de la ley 25345, el cual establece un excesivo rigorismo formal al prescribir que solo tendrían validez como deduccionesy créditos fiscales aquellos gastos que hayan sido efectuados de acuerdo a los medios de pago establecidos en el art. 1 de la ley 25345, aun cuando el contribuyente acredite la veracidad de las operaciones.
En consideración a la primera de las cuestiones, la excepción de incompetencia del Tribunal Fiscal, en razón de la apelación ante este organismo de las intimaciones por la vía del Art. 14 ley11.683, en el considerando 7°), lo juzgó ajeno a la vía prevista en el Art. 14 de la Ley 48, por lo tanto omitió su consideración.
En el marco de la cuestión trascendental de este fallo, es decir la operatividad de la ley antievasion frente a lo dispuesto en el art. 34 de la ley 11683, como punto de partida cabe aclarar que, si bien es cierto que la existencia de pagos a través de medios no...