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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 114 /2003
Sucre, 5 de diciembre de 2003

Expediente: 2003-07169-14-RDI
Distrito:La Paz
Magistrado Relator:Dr. René Baldivieso Guzmán

En el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad interpuesto por Juan Evo Morales Ayma, Manuel Morales Dávila, Antonio Peredo Leigue y Ricardo Alberto Díaz, Diputados Nacionales y Filemón Escóbar, Senador de laRepública, demandando la inconstitucionalidad del Decreto Supremo (DS) 24806 de 4 de agosto de 1997, por ser contrario a los arts. 59.5ª y 7ª y 139 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE RELEVANCIA JURIDICA

I.1 Contenido del recurso

En el escrito de 5 de agosto de 2003 (fs. 38 a 42), los recurrentes manifiestan:

Contraviniendo el art. 139 CPE y para burlar losaltos intereses nacionales, el Decreto Supremo impugnado aprobó el Modelo de Contrato de Riesgo Compartido, que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe aplicar cuando suscriba contratos con empresas petroleras nacionales o transnacionales, señalando categóricamente en su cláusula tercera: “(...) el TITULAR adquiere derecho de propiedad de la producción de hidrocarburos que obtenga yde la disposición de los mismos conforme a las previsiones contenidas en la Ley de Hidrocarburos”, y para disimular la abierta contradicción con el texto constitucional agrega: “Este contrato no confiere al titular la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos 'in situ' ”, por lo que en la práctica, las empresas hidrocarburíferas desde la fecha del Decreto suscribieron Contratos de RiesgoCompartido apropiándose de la producción obtenida en boca de pozo, ocasionado un daño inconmensurable.

Indican que tampoco se ha dado cumplimiento a lo establecido por el art. 59.5ª y 7ª CPE ya que en base al inconstitucional Decreto, el Poder Ejecutivo no hizo autorizar por el Legislativo las enajenaciones de hidrocarburos establecidas en el marco y bajo el modelo de contrato establecido por el DS24806, como tampoco ninguno de los contratos de riesgo compartido en vigencia, además que conforme a los arts. 30 y 69 de la Ley Fundamental, de manera especial, el Poder Legislativo no puede delegar sus facultades, entre las cuales la de aprobar y autorizar la enajenación de bienes nacionales, tratándose de una atribución exclusiva, siendo que conforme a los arts. 74.I, 75.I, II y 83.I y III delCódigo Civil (CC) los yacimientos de hidrocarburos son de propiedad del Estado, así como la producción que se obtenga de estos.
Por lo expuesto solicitan se dicte Sentencia declarando la inconstitucionalidad del DS 24806 de 4 de agosto de 1997 y la nulidad de los contratos de riesgo compartido que se haya suscrito en base a dicha disposición legal.

I.2 Admisión y citaciones

Por AC370/2003-CA de 13 de agosto (fs. 43) se ordenó se subsanen deficiencias formales presentadas, cumplido lo cual por AC 388/2003-CA de 26 de agosto (fs. 46 a 48) la Comisión de Admisión admitió el recurso y ordenó sea puesto en conocimiento del personero legal del órgano que generó la norma impugnada, lo cual se cumplió el 4 de septiembre de 2003 (fs. 63).

I.3 Alegaciones del personero del órgano quegeneró la norma la norma impugnada

Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2003 (fs. 66 a 70), Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Presidente Constitucional de la República, formuló alegatos señalando lo siguiente:

La Ley de Hidrocarburos (LH) ratifica que los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se presenten, son de dominio directo, inalienable eimprescriptible del Estado y que ninguna concesión o contrato puede conferir la propiedad de estos, teniendo como objetivo principal incentivar y fomentar la inversión privada en exploración y explotación, a fin de incrementar las reservas y la producción de hidrocarburos, lo que no significa que estos “in situ” dejen de ser propiedad del Estado Boliviano, sino que por medio de los Contratos de...