Jurisprudencia CIDH armas de fuego

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

CASO ZAMBRANO VÉLEZ Y OTROS C. ECUADOR

En este caso los señores Zambrano Vélez, Caicedo Cobeña y Caicedo Cobeña fueron privados de su vida por agentes estatales que hicieron uso letal de la fuerza, en el marco de un operativo de seguridad y en ejercicio de sus funciones. Si bien en el Código de Conducta de Naciones Unidaspara Oficiales de Seguridad Pública y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley, se prohíbe el empleo de armas de fuego “excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuenteaplicando medidas menos extremas” y “salvo en defensa propia o de otras personas […] o con el objeto de detener a una persona que represente [peligro inminente de muerte o lesiones graves] y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”1, en este caso no se ha demostrado que esas personasfueran privadas de su vida en alguno de esos supuestos excepcionales.
En esta sentencia además, se concluye que determinado el uso ilegítimo de la fuerza en el caso concreto por las Fuerzas Armadas ecuatorianas en el barrio Batallón de la Ciudad de Guayaquil; la falta de una explicación satisfactoria y convincente por parte del Estado acerca de la justificación del uso letal de la fuerza conarmas de fuego; y el incumplimiento de la obligación de garantizar efectivamente el derecho a la vida por la vía de una investigación de lo ocurrido, la Corte consideró que las presuntas víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente por agentes estatales. Esto constituye una privación arbitraria de su vida, por lo que el Estado fue declarado responsable por la violación del artículo 4.1 de laConvención (Derecho a la Vida), en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma además de otros artículos de la Convención, en perjuicio de los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña.

CASO MONTERO ARANGUREN Y OTROS (RETÉN DE CATIA) VS. VENEZUELA

El 27 de noviembre de 1992 tuvo lugar un intento de golpe militar encontra del entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Mientras esto sucedía, en el interior del Internado Judicial de los Flores Catia, ubicado en la ciudad de Caracas, se produjo una situación de confusión durante la cual murieron aproximadamente 63 reclusos en circunstancias aún no aclaradas.El Retén de Catia, nombre con el que era conocido comúnmente, se encontraba al oeste de laciudad y albergaba a presos que se encontraban sometidos a condenas de corta duración.
Amnistía Internacional, reseña que, luego del levantamiento militar, los guardias del recinto carcelario abrieron las puertas y presuntamente ordenaron a los reclusos congregarse en los corredores centrales. Poco después, se produjo una serie de hechos de agitación y en medio de la confusión algunos guardiasdispararon indiscriminadamente contra los privados de libertad que se encontraban desarmados. Muchos reclusos intentaron escapar hacia la parte trasera del recinto. 
El número de muertes ocurridas durante el 27 de noviembre de 1992 dentro del penal no ha sido definido con exactitud. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una sentencia que otorga al Estado la responsabilidad de lossucesos del Retén de Catia, establece las reparaciones pecuniarias, obliga al Estado venezolano a investigar los hechos y obliga a mejorar la situación de las cárceles venezolanas.
Del mismo modo, la Corte señala que la prohibición general a los agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería inefectiva, en la práctica, si no existieran procedimientos para verificar la legalidad...