Justificacion de inidcadores

Justificación para el diseño de indicadores

La Constitución Nacional ordena la organización de un sistema de evaluación de gestión y resultados de la administración pública (art. 347), y obliga a ejercer el control de la gestión con base en indicadores para evaluar el cumplimiento de las metas y los objetivos (art. 209 y 269).
Reconoce la salud como un derecho fundamental y como un serviciopúblico,a través de la cual se posibilita el acceso al conocimiento, a las ciencias y las técnicas.
Dicho acceso y el desarrollo de la investigación, la ciencia y la difusión de los valores culturales de la Nación (art. 70), deben ser promovidos y fomentados por el mismo Estado;
también le competen las tareas de inspección y vigilancia sobre la calidad de la salud y el cumplimiento de sus fines.Como entes autónomos tienen las siguientes características: personería jurídica; autonomía administrativa y financiera; patrimonio independiente, y pueden elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que les correspondan.
Pero más allá de este marco legal, la construcción de indicadores que permitan medir la gestión y el desempeño de las entidades de salud adquiere particularrelevancia en momentos en que el sistema de salud evidencia problemas de baja calidad de los servicios prestados en un gran número de instituciones creados al amparo de la Ley 100.
A falta de políticas claras y de instrumentos de regulación, el mercado ha generado espontáneamente entidades que requieren poca inversión de recursos especializados. En Colombia han proliferado, en los últimos años,instituciones sin la acumulación necesaria de competencias, sin experiencia ni propuestas en investigación, Ante ello, el Estado colombiano ha respondido con la exclusiva preocupación por los aspectos financieros relacionados con la salud pública, sin ninguna propuesta sobre el diseño de verdaderos instrumentos de regulación, estos últimos asociados necesariamente a una discusión sobre el problemade la calidad.
La amenaza de que el gobierno persista en reducir el problema a asuntos estrictamente financieros, es aún más evidente con la promulgación del Decreto Ley 955 del 26 de mayo de 2000, por el cual le dio vigencia como plan al proyecto que había radicado en el Congreso (11), esto es, sin las modificaciones que esta corporación había aprobado como consecuencia de la presión social. Condicho texto se reviven los propósitos de reforma del esquema de financiación de la universidad pública, con el pretexto de que ésta ha "distraído exagerados recursos, los cuales serían suficientes para lograr el 100% de cobertura en salud. También se afirma que la Ley 100, al garantizar a los hospitales públicos una financiación automática sin relación con los resultados, les ha otorgado a éstasuna "legitimidad de entrada" y, genera un divorcio entre quien crea el gasto y quien lo financia. Desde el punto de vista fiscal se considera crítico que los ingresos de las universidades provengan en más del 80% del presupuesto nacional, sin grandes esfuerzos por generar recursos propios, y que, por lo tanto, el problema de dependencia financiera respecto de la Nación debe resolverse.
Paraquienes piensan que el Estado debe ejercer un mayor papel regulador en el sector de la salud, sin abandonar su responsabilidad financiera frente al mismo, o que el mercado no es necesariamente el mejor distribuidor de recursos cuando se está hablando de bienes esencialmente públicos, los indicadores de gestión se deben concebir más allá de la eficiencia en el manejo de los recursos financieros. .Propósitos de los indicadores
Los indicadores deben cumplir el doble fin de servir al Estado como instrumento de regulación del sector y a las instituciones para orientar sus procesos de mejoramiento y rendir cuentas a la sociedad sobre lo que ellas hacen con los recursos públicos. En estos fines está implícito que cada entidad podrá emplearlos para hacer la evaluación de su gestión y compararse...