Ley 54

Esta ley se conocerá como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.

La Ley Núm. 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica en
Puerto Rico, se aprobó en 1989, en el contexto histórico que se ha descrito. Fue la
respuesta legislativa a la propuesta del ejecutivo –desarrollada a través de la Comisión
para los Asuntos de la Mujer-, y producto dela militancia y el poderoso reclamo de
justicia liderado por organizaciones feministas, y por entidades gubernamentales y no
gubernamentales, centros de investigación, albergues y servicios de apoyo a las
mujeres, así como con el respaldo entusiasta multisectorial de organizaciones de
derechos humanos.
En esta legislación especial, se incluyeron diferentes modalidades de los tresdispositivos principales de control social que han estado presentes en las reformas
legales que se desarrollaron desde los años setenta: (1) criminalización de la conducta
de violencia doméstica mediante cinco delitos graves (Maltrato, Maltrato agravado,
Maltrato mediante amenaza, Maltrato mediante restricción de la libertad y Agresión
sexual conyugal), (2) el remedio civil de las “Órdenes deProtección”, cuya violación
constituye un delito menos grave, y (3) el Desvío de los Procedimientos Criminales
hacia Programas de Reeducación y Readiestramiento para primeros ofensores que
cualifiquen bajo la Ley Núm. 54. La Ley Núm. 54 también contiene disposiciones de
educación conducentes a la prevención de la violencia doméstica.
La intención de esta legislación de avanzada–precursora y modelo de
propuestas legislativas similares en América Latina, el Caribe y en países de Europa,
incorporó reformas ya vigentes y prometedoras comparables, en la experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) y Canadá, a la vez que integró de una
manera única –en una legislación especial-, medidas de naturaleza penal, civil y
educativas.
La Ley Núm. 54 se sustentó en elprincipio ético de que la violencia doméstica
es una conducta antisocial, indeseable, dañina, que amenaza la integridad de las
familias y de sus integrantes. En la Declaración de Política Pública del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico se reconoció la vulnerabilidad particular de las
mujeres y de los menores ante esta forma de violencia.
Se esperaba que una respuesta legalintegrada como la que ordenaba la Ley
Núm. 54, que comprometía a las diferentes agencias del sistema de justicia criminal
con remedios criminales y civiles que prohibían y sancionaban la violencia doméstica,
unido a la educación sobre estos aspectos, operara en términos generales, como un
disuasivo a dicha conducta. Prevalecía, entonces, la noción, de que las medidas
legales que setomarían en cada caso bajo la atención del sistema de justicia criminal
(como el arresto y el procesamiento criminal, el otorgamiento de las Órdenes de
Protección, y los programas de reeducación y readiestramiento), junto a los esfuerzos
de educación y prevención que también disponía la Ley, debían contribuir
positivamente a lograr varios objetivos. Primero, que se detuviera la crecienteincidencia de violencia doméstica; segundo, que se incrementara la protección y el
empoderamiento de las víctimas/sobrevivientes; tercero, que las personas agresoras
cesaran su conducta violenta y asumieran responsabilidad sobre sus actos; y cuarto,
que se enviara un mensaje social contundente de repudio a la violencia doméstica, compatible con los valores de paz, dignidad y respeto parala ciudadanía, las familias y
la comunidad.
El Capítulo II de la Ley Núm. 54, en su Artículo 2.1, contiene disposiciones
específicas para que las víctimas/sobrevivientes de la violencia doméstica puedan
solicitarle al tribunal una Orden de Protección, sin que sea necesaria la radicación
previa de una denuncia o acusación. El tribunal podrá emitir una Orden de Protección
cuando...