martin fierro
Páginas: 7 (1568 palabras)
Publicado: 30 de agosto de 2014
Ley de Obediencia Debida
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La Ley de Obediencia Debida n.º 23.521 fue una disposición legal dictada en Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario, aunque si habilitaba un recurso de apelación a la Corte Suprema respecto a losalcances de la ley) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la Terrorismo de Estado y la dictadura militar no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" (concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores).
Esta norma parecería haberse dictado luego de loslevantamientos "carapintadas", por iniciativa del gobierno de Alfonsín, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos), de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense. De ese modo, tuvo lugar eldesprocesamiento de muchos de los imputados en causas penales del llamado terrorismo de Estado que no habían sido condenados hasta el momento. Sin embargo había sido anunciada con anterioridad a los levantamientos carapintadas; en marzo de 1987 por el propio Alfonsín en un discurso público en la localidad de Las Perdices, Córdoba1 y ya durante la campaña de 1983 en la cual Alfonsín insistía con lanecesidad de reconocer que las Fuerzas Armadas se fundaban en la regla de “obediencia debida”2 y que existían “tres niveles de responsabilidad”; por otro lado los juicios por terrorismo de estado continuaron a lo largo de todo el gobierno de Alfonsín.
Algunos de los beneficiados por la norma fueron el ex capitán de fragata Alfredo Ignacio Astiz, el capitan de fragata Adolfo Donda y el general(R) Antonio Domingo Bussi, contra los cuales existían varias pruebas de la comisión de delitos de lesa humanidad.
Las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989-1990), son conocidos entre sus detractores como las leyes de impunidad.
La ley 25.779, sancionada en 2003, finalmente declaró la nulidad a la ley de ObedienciaDebida, la cual por su parte ya había sido previamente derogada.
La Ley 23.492 de Punto Final es una ley argentina que estableció la caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) quetuvieron lugar durante la dictadura militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976–1983; que no hubieran sido llamados a declarar en un plazo de 60 días más a los ya 2 años que habían pasado; desde el 10 de diciembre de 1983. Fue presentada por los diputados Juan Carlos Pugliese, Carlos A. Bravo y Antonio J. Macris, y promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el presidente RaúlAlfonsín.1 El Congreso la declaró nula en 2003.
La ley establecía que "se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983". Dado que sancionaba la impunidad de los militares por la desaparición de varios miles de opositores y guerrilleros de izquierda (casi 9.000según el informe del Nunca Más de 1984 y hasta unos 30.000 de acuerdo a los organismos de Derechos Humanos), fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.
Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su...
Ley de Obediencia Debida
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La Ley de Obediencia Debida n.º 23.521 fue una disposición legal dictada en Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario, aunque si habilitaba un recurso de apelación a la Corte Suprema respecto a losalcances de la ley) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la Terrorismo de Estado y la dictadura militar no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" (concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores).
Esta norma parecería haberse dictado luego de loslevantamientos "carapintadas", por iniciativa del gobierno de Alfonsín, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos), de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense. De ese modo, tuvo lugar eldesprocesamiento de muchos de los imputados en causas penales del llamado terrorismo de Estado que no habían sido condenados hasta el momento. Sin embargo había sido anunciada con anterioridad a los levantamientos carapintadas; en marzo de 1987 por el propio Alfonsín en un discurso público en la localidad de Las Perdices, Córdoba1 y ya durante la campaña de 1983 en la cual Alfonsín insistía con lanecesidad de reconocer que las Fuerzas Armadas se fundaban en la regla de “obediencia debida”2 y que existían “tres niveles de responsabilidad”; por otro lado los juicios por terrorismo de estado continuaron a lo largo de todo el gobierno de Alfonsín.
Algunos de los beneficiados por la norma fueron el ex capitán de fragata Alfredo Ignacio Astiz, el capitan de fragata Adolfo Donda y el general(R) Antonio Domingo Bussi, contra los cuales existían varias pruebas de la comisión de delitos de lesa humanidad.
Las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989-1990), son conocidos entre sus detractores como las leyes de impunidad.
La ley 25.779, sancionada en 2003, finalmente declaró la nulidad a la ley de ObedienciaDebida, la cual por su parte ya había sido previamente derogada.
La Ley 23.492 de Punto Final es una ley argentina que estableció la caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) quetuvieron lugar durante la dictadura militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976–1983; que no hubieran sido llamados a declarar en un plazo de 60 días más a los ya 2 años que habían pasado; desde el 10 de diciembre de 1983. Fue presentada por los diputados Juan Carlos Pugliese, Carlos A. Bravo y Antonio J. Macris, y promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el presidente RaúlAlfonsín.1 El Congreso la declaró nula en 2003.
La ley establecía que "se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983". Dado que sancionaba la impunidad de los militares por la desaparición de varios miles de opositores y guerrilleros de izquierda (casi 9.000según el informe del Nunca Más de 1984 y hasta unos 30.000 de acuerdo a los organismos de Derechos Humanos), fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.
Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su...
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