mente millonaria

Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía
Opiniones sobre este artículo escribanos a:

semanariovirtual@viva.org.co
www.viva.org.co

La destitución de Petro, un atentado a la
democracia
Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
La destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, por parte del
procurador General de la Nación,Alejandro Ordóñez, es un verdadero atentado
contra los principios constitutivos de un sistema democrático. En primer lugar
porque como lo señala la Carta Americana de los Derechos Humanos, que
forma parte de nuestro ordenamiento interno, en su artículo 23, ningún
funcionario público elegido popularmente podrá ser destituido por funcionario
distinto a un juez de la República con el respeto porel debido proceso. En
Colombia se ha permitido en el orden interno que la jurisdicción disciplinaria
que es ejercida por la Procuraduría General de la Nación puede y en la práctica
lo ha venido haciendo, destituir alcaldes y gobernadores elegidos
popularmente. Aquí existe una contradicción real entre el derecho consagrado
por la vía del bloque de constitucionalidad que establece el artículo97 de la
Constitución colombiana y el derecho interamericano consagrado en la Carta
Americana de los Derechos Humanos. Por ello no es un exabrupto que el
alcalde Petro, haya acudido a la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, CIDH, para buscar medidas cautelares para proteger sus derechos a
un debido proceso en la investigación que la Procuraduría le abrió a raíz del
cambio delmodelo de recolección de basuras. El asunto es que la Corte
Constitucional en reiterada jurisprudencia ha avalado como constitucional esa
función a todas luces contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos. El asunto aquí es si la Comisión Interamericana,
que tiene indudable competencia en este caso, juzga que debe intervenir para
proteger los derechos delAlcalde de Bogotá.
En el orden interno hay que señalar como lo han hecho innumerables
columnistas de prensa y cientos de destacados juristas que el proceso seguido
a Gustavo Petro fue, a todas luces, arbitrario y que la sanción impuesta fue
desmedida. Los hechos así lo señalan. Petro es sancionado según el
procurador Ordóñez porque con el cambio de modelo de la recolección de
basuras que buscabareversar el proceso de privatización se ocasionó daño
patrimonial a las finanzas públicas y se puso en riesgo la salud de los
habitantes de la ciudad pues se dejaron de recoger cientos de toneladas de
basuras durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012. Se acusa a Petro
de improvisador y de poner en riesgo la salud pública además de haber
atentado contra el principio de la libreempresa. Como lo señalamos en su
momento el modelo público, privado o mixto para la prestación de un servicio
público es permitido en nuestro ordenamiento jurídico. Por tal razón y a la luz

de nuestro ordenamiento jurídico, Gustavo Petro, estaba en todo su derecho de
organizar el sistema de aseo público bajo cualquiera de las tres modalidades.
Es más ciudades como Medellín tienen un sistemaexclusivamente público y
cientos de municipios del país así lo hacen y a sus alcaldes no se les ha
acusado de violar el principio de libre empresa. Pero, en materia de recolección
de basuras el fallo de marras acusa de una ignorancia total. La libertad de
empresa no puede ser garantizada plenamente en este servicio pues una
empresa privada no puede ofrecer servicios indiscriminados de recolecciónde
basuras puesto que el desorden generado por los operadores privados lo haría
totalmente inviable. El modelo privado donde existe como de hecho existía en
Bogotá requiere de fuertes mecanismos de regulación por parte del Estado, al
punto que la ciudad se divide en zonas y se hace un proceso público de
licitación en que operan con exclusividad operadores privados.
Pero, el asunto es más...