politólogo y abogado
Páginas: 7 (1665 palabras)
Publicado: 19 de mayo de 2013
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
En fecha 17 de noviembre de 1995, la abogada BLANCA ROMERO DE CASTILLO, titular de la cédula de identidad No. V- 837.261, actuando en su condición de Juez Provisoria Decimoquinta de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Jurisdicción del Área Metropolitana de Caracas, asistida por elabogado PEDRO MIGUEL CASTILLO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 31.780, introdujo ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, acción de amparo contra las actuaciones del Consejo de la Judicatura que finalizaron con su remoción del cargo de Juez Provisoria Decimoquinta de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicialdel Área Metropolitana de Caracas; por haber conculcado sus derechos constitucionales, contenidos en los artículos 61, 68, 69, 84, 94, 205, 207 y 208 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, vigente para ese momento.
El 22 de noviembre de 1995, se dio cuenta del expediente en la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia y se designó ponente.
En fecha 24 deenero de 2000, vista la nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Político Administrativa, nombró nuevo ponente. Posteriormente, mediante decisión de fecha 23 de mayo de 2000, la Sala Político Administrativa declinó la competencia para conocer el presente caso en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El 14 de junio de 2000, se dio cuenta en Sala y sedesignó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.
Efectuada la lectura individual del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Pasa esta Sala a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la acción de amparo intentada por la abogada BLANCA ROMERO DE CASTILLO, contra las actuaciones delConsejo de la Judicatura que finalizaron con su remoción del cargo de Juez Provisorio Decimoquinto de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y, en tal sentido, esta Sala observa:
Mediante sentencias de fecha 20 de enero del presente año, recaídas sobre los casos Emery Mata y Domingo Ramírez Monja, estaSala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó el régimen de competencias aplicable en materia de amparo constitucional, a la luz de las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo que corresponde a esta Sala el conocimiento -en única instancia- de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobreDerechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los órganos y altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores.
A su vez, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone lo siguiente:
“Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia conocerá en únicainstancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la Sala de competencia afín con el derecho constitucionales violados o amenazados de violación, de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de laRepública, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República.”
El contenido del artículo citado, en concordancia con el criterio establecido en las sentencias mencionadas, establece un fuero especial a favor de los titulares de los órganos de mayor jerarquía del Poder Público Nacional, que faculta a esta Sala para conocer de las acciones de amparo intentadas en contra de...
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
En fecha 17 de noviembre de 1995, la abogada BLANCA ROMERO DE CASTILLO, titular de la cédula de identidad No. V- 837.261, actuando en su condición de Juez Provisoria Decimoquinta de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Jurisdicción del Área Metropolitana de Caracas, asistida por elabogado PEDRO MIGUEL CASTILLO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 31.780, introdujo ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, acción de amparo contra las actuaciones del Consejo de la Judicatura que finalizaron con su remoción del cargo de Juez Provisoria Decimoquinta de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicialdel Área Metropolitana de Caracas; por haber conculcado sus derechos constitucionales, contenidos en los artículos 61, 68, 69, 84, 94, 205, 207 y 208 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, vigente para ese momento.
El 22 de noviembre de 1995, se dio cuenta del expediente en la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia y se designó ponente.
En fecha 24 deenero de 2000, vista la nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Político Administrativa, nombró nuevo ponente. Posteriormente, mediante decisión de fecha 23 de mayo de 2000, la Sala Político Administrativa declinó la competencia para conocer el presente caso en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El 14 de junio de 2000, se dio cuenta en Sala y sedesignó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.
Efectuada la lectura individual del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Pasa esta Sala a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la acción de amparo intentada por la abogada BLANCA ROMERO DE CASTILLO, contra las actuaciones delConsejo de la Judicatura que finalizaron con su remoción del cargo de Juez Provisorio Decimoquinto de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y, en tal sentido, esta Sala observa:
Mediante sentencias de fecha 20 de enero del presente año, recaídas sobre los casos Emery Mata y Domingo Ramírez Monja, estaSala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó el régimen de competencias aplicable en materia de amparo constitucional, a la luz de las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo que corresponde a esta Sala el conocimiento -en única instancia- de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobreDerechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los órganos y altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores.
A su vez, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone lo siguiente:
“Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia conocerá en únicainstancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la Sala de competencia afín con el derecho constitucionales violados o amenazados de violación, de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de laRepública, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República.”
El contenido del artículo citado, en concordancia con el criterio establecido en las sentencias mencionadas, establece un fuero especial a favor de los titulares de los órganos de mayor jerarquía del Poder Público Nacional, que faculta a esta Sala para conocer de las acciones de amparo intentadas en contra de...
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