privativo

Art. 84 LEGITIMACIÓN
La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persor,G.

Carlos Hakansson Nieto*
La Constitución establece que procede la acción popular por «infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen1; es decir, mientras laacción de inconstitucionalidad está prevista para las leves y normas con rango de ley, la acción popular se interpone contra los reglamentos y normas de inferior jerarquía; por tanto, es una garantía que si bien no está encarga-, da, d de proteger los derechos reconocidos por la Constitución puede defenderla, indirectamente, de las normas de carácter general que también afecten las disposiciones quereconocen los derechos y libertades.
Con relación a la legitimidad, dado que la protección del orden constitucional y legal son valores supremos del Estado y la sociedad, cualquier ciudadano puede cuestionar la constitucionalidad y legalidad de las disposiciones reglamentarias y administrativas ante el Poder judicial; incluso los ciudadanos extranjeros residentes en el país pueden interponer estagarantía, así como también, la judicatura debe tutelar ese derecho para cualquier ciudadano2.
De esta manera, a diferencia del proceso de constitucionalidad, cuya legitimidad procesal es cerrada3, la acción popular es un procedimiento de carácter abierto para la defensa de las normas infralegales que, por el fondo o la forma, afecten la Constitución, la Ley o las normas con rango de ley. Alrespecto, el profesor García Belaunde nos dice que se trata de «una suerte de control que ejerce cualquier ciudadano sobre el poder reglamentario de la administración pública, y más en particular, contra el Poder Ejecutivo, en la medida que la administración, mediante su propia actividad, puede vulnerar las leyes y la Constitución».
Se trata entonces de un proceso al alcance de cualquier ciudadano,aunque no tenga un manifiesto interés directo; por eso no es preciso ser titular de un derecho o de un interés legítimo para poder interponer esta garantía, sino que basta con invocar la defensa de la legalidad y constitucionalidad que se considere afectada para proteger los intereses colectivOS6. Cabe añadir que el artículo 9, inciso 2, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo amplía lalegitimación procesal de esta institución para interponer la acción popular así como el resto de garantías constitucionales reconocidas en la Carta de 1993.
Finalmente, existen una serie de obligaciones que surgen para aquellas personas que presentan una demanda de acción popular, las cuales están previstas para evitar cierta «inmadurez» y «frivolidad» en su interposición. El artículo 97 del CódigoProcesal Constitucional establece que «si la demanda fuese desestimada por el Juez, este podrá condenar al demandante al pago de los costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad»4.
Artículo. 851 COMPETENCIA
La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial. Son competentes:
1) La Sala correspondiente, por razón de la materia de la Corte Superior delDistrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local; y
2) La Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima, en los demás casos.
Carlos Hakansson Nieto
La competencia es la medida cómo la jurisdicción se distribuye entre las diversas autoridades judiciales; ningún juez, salvo para la realización de determinadasactuaciones judiciales fuera del ámbito territorial, puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye; una atribución que se deriva del principio constitucional que preconiza que la función jurisdiccional es indelegable.
Si bien las demás garantías constitucionales son resueltas en última y definitiva instancia por el Tribunal Constitucional, la Constitución omitió indicar expresamente la...