Procedencia Del Reconocimiento Y Pago De La Prestación Económica De Pensión Mediante El Ejercicio Y Trámite De La Acción Constitucional De Amparo

contenido

Justificación y Propósito de la Línea 1
Línea Jurisprudencial 5
I. Sentencia Arquimédica: La T–300 de 2010 5
II. Reglas para el Reconocimiento 7
III. Exigencia Probatoria 25
IV. Aclaraciones 30
Explicación Cronológica de la Línea 38
Grafico Resolutivo del Problema Jurídico 41
Conclusiones 42
Fuentes 43
Sentencias Consultadas 45
Sentencia T–621/10, M.P. JuanCarlos Henao Pérez. 45
Sentencia T–300/10, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 49
Sentencia T–702/09, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 58
Sentencia T–1013/07, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 63
Sentencia T–043/07, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 69
Sentencia T–836/06, M.P Humberto Antonio Sierra Porto. 75
Sentencia T–235/02, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra. 81
Sentencia T–660/99,M.P. Álvaro Tafur Galvis. 88
Sentencia T–308/99, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 92
Sentencia T–439/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 96
Sentencia T–068/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 100
Sentencia T–038/97, M.P. Hernando Herrera Vergara. 105
Sentencia T–001/97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 109
Sentencia T–063/95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 118
SentenciaT–244/93, M.P. Hernando Herrera Vergara. 122
Sentencia T–181/93, M.P. Hernando Herrera Vergara. 127

I

Justificación y Propósito de la Línea


Ciertamente, la presencia en los contornos de nuestro ordenamiento de la garantía sustancial, y adjetiva, del debido proceso, hace menester que para el cumplimiento de tal prerrogativa exista un sistema de reglas que defina, entre otras cosas, elproceso y procedimiento aplicables y, aún mas importante, la determinación del órgano o juez natural. Esto se debe a que la ciencia del derecho comprende que, para brindar seguridad jurídica, necesariamente deben fijarse las formas propias para el adelantamiento de cada juicio, en aras de permitir una franca lid entre quienes acuden al proceso, estos es, entre quienes confían en la administraciónde justicia –o en el Estado, de forma general– la solución correcta y adecuada de sus controversias.
Así las cosas, en principio no debería presentarse mayor problema cuando de resolver conflictos se trata, mucho menos cuando simplemente se revisa el cumplimiento de algunos requisitos para la consolidación de un derecho de naturaleza subjetiva, sin embargo, la limitación de los recursos,con los que cuentan las ramas y órganos del Estado, hace común el represamiento de las causas y solicitudes que ante ellas son elevadas por los administrados. Situación que, por sustracción de materia, conlleva la afectación de intereses sociales y particulares. Los cuales ceden, como quiera que se asumen las consecuencias propias de toda limitación, excepto cuando la limitación del interés no seencuentra en equilibrio, es decir, cuando, sin justificación razonable, las cargas que soporta una persona o un grupo se elevan de tal forma que se padece una situación que, frente a iguales, no debería estar en la obligación de soportar.
Con ello, en ocasiones es completamente discutible si, a pesar de existir un procedimiento ordinario y de un juez competente, para preservar, restablecer oreconocer un derecho, es legítimo acudir a otros conductos judiciales o administrativos con el simple propósito de obtener un mejor resultado, padeciendo el menor número de inconvenientes posibles. Una lectura superficial permitiría decir que un comportamiento tal no está llamado a prosperar por cuanto el principio de igualdad obliga un tratamiento común, se repite, en principio lejos decualquier dadiva que aventaje a un individuo respecto de los demás.
Empero, adoptar esa posición ralla con el núcleo del principio de igualdad, como lo es la igualdad de quienes se encuentran en las mismas condiciones, fácticas o jurídicas, perdonando la redundancia: igualdad entre iguales. Por ello, dados algunos supuestos y bajo la verificación de ciertos requisitos, no solo se permite, sino...